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Cumpliendo el cronograma acordado para ello entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana, esta semana fue presentado en la sede de la Mesa de Diálogos el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV).
Esta Comisión fue convocada y conformada en agosto del año pasado, con doce miembros y dos relatores, la mitad escogidos por el Gobierno y la otra por las Farc. El mandato que recibió fue elaborar informes que determinaran, en lo posible, los “orígenes y múltiples causas del conflicto”, los principales factores que han contribuido a su persistencia, y sus efectos sobre la población.
En su convocatoria, las partes, presumimos que por exigencias de la guerrilla, fueron específicas en que los informes no deberían atribuir responsabilidades individuales y que “no deben ser escritos con el propósito de producir efectos jurídicos”. Previsión que las Farc no deben temer especialmente, atendiendo los pronunciamientos de algunas de las cabezas de la Rama Judicial, que ya les han transmitido que “el Derecho no debe ser obstáculo para la paz”.
Tienen los colombianos, entonces, las ponencias de los doce encargados por las partes, y dos relatorías. Documento prolijo, extenso, en el que los comisionados plasman valoraciones y material bibliográfico exhaustivo de la conflictiva historia de un país que no en vano ha generado una especialidad de estudios propia: la Violentología.
Debemos destacar que los seis miembros escogidos por el Gobierno Nacional tienen todas las credenciales académicas y de criterio histórico para haber presentado unas ponencias caracterizadas por la independencia, el rigor y el juicio crítico.
Los escogidos por las Farc son personas que merecen igual respeto, pues haber participado en la CHCV es parte de un ejercicio académico y no bélico. Todos ellos han desarrollado su carrera desde la civilidad y la movilización pacífica de ideas, así en varios temas asuman y defiendan posturas polémicas. Sus opiniones podrán ser sometidas a crítica y a contradicción, pero no a silenciamiento. Quedan a disposición de quienes quieran estudiarlas para formarse una opinión propia.
Y como producto de ejercicio académico, y por qué no, también político e ideológico, hay ponencias que en su valoración del origen del conflicto, asumen interpretaciones afines al que ha sido el discurso de las propias Farc. De los seis miembros de la CHCV escogidos por ellas, cuatro afirman que el origen del conflicto es justo, dos de ellos achacan el conflicto al sistema capitalista, y tres, acudiendo a diversas fuentes, aseguran que es la lucha por la tierra la que lo ha generado y perpetuado.
De los miembros del Gobierno, casi todos incluyen al narcotráfico como actor ineludible de la agudización de la violencia guerrillera y casi todos rescatan críticamente aportes del frente Nacional.
En todo caso, las ponencias recogen, unas más, otras menos, pero sin eludirlo, el daño inmenso causado a la población civil, a la vida, a las instituciones, a la economía. Un daño imposible de calcular.
Este documento de la CHCV no es, de ninguna forma, como aseguran las Farc, el único que se aparta de una visión “unilateral” de la historia del conflicto. Porque realmente no ha habido visión única, ni excluyente. No toda nuestra historia se ha escrito desde un solo bando, ni toda ella ha sido estudiada bajo la amenaza del fusil. Pésele a quien le pese, aquí ha habido posibilidades de discusión democrática y de pluralidad de visiones. La dictadura ideológica y la pretensión de verdades únicas ha provenido precisamente de la orilla que las guerrillas dicen representar.