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La decisión de la sección de Revisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de no autorizar la extradición a Estados Unidos del exjefe de las Farc conocido como “Jesús Santrich” era previsible. Lo que se esperaba, ante todo, era la argumentación de la que se valdría para ajustarse a los objetivos que de ella esperaban quienes elaboraron y aprobaron los acuerdos de paz entre el gobierno anterior y las Farc.
Ayer se conocieron las razones de la JEP y, básicamente, son tres: 1) No hubo posibilidad de determinar la fecha de la supuesta comisión del delito de narcotráfico que se le atribuía a Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, por cuanto ni la Fiscalía General de la Nación ni la justicia de Estados Unidos enviaron los elementos probatorios solicitados. 2) Sostiene la JEP que no extraditar a “Santrich” a Estados Unidos “es la manera más efectiva de garantizar una paz estable y duradera”, y que juzgarlo en Colombia garantiza el goce de sus derechos -los de “Santrich”- como el de la seguridad jurídica. Esgrimen aquí un principio que dan en llamar “pro paz”. 3) Las autoridades estadounidenses que recaudaron pruebas en Colombia “pudieron violar las normas de cooperación internacional y asistencia judicial”. La JEP dice haber constatado “serias irregularidades” en la declaración de un agente de la DEA. Y por ese camino llega a la decisión de pedir que se investigue a los funcionarios de la Fiscalía bajo el supuesto de que “omitieron velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos”.
Al fiscal General se le ordenó directamente proceder a la liberación inmediata de “Santrich”. Pero Néstor Humberto Martínez ha mantenido una posición coherente desde el inicio: las evidencias presentadas a su Despacho por las autoridades de EE.UU. eran “contundentes”, y por otra parte, ha insistido una y otra vez en que ni los Acuerdos con las Farc ni las normas de implementación permitían conceder beneficios a quienes delinquieran con posterioridad a la entrada en vigencia de los Acuerdos. Eso, como lo dijo ayer, ha quedado desvirtuado y la JEP ha tomado posición. Ya Colombia sabrá a qué atenerse.
Por lo pronto, el fiscal Martínez Neira y la vicefiscal, María Paulina Riveros, consideran que riñe con su sentido de la justicia y la propia conciencia obedecer una orden que consideran que desborda la ley. Renunciaron irrevocablemente al cargo y es inevitable sentir que algo muy profundo se desgarró ayer en la aplicación de la justicia.
Hay que creerle al fiscal Martínez Neira las razones que explicó ayer para retirarse de inmediato de su cargo. Fueron directas, basadas en argumentos sólidos y, si se quiere, demoledoras para la credibilidad de la justicia transicional. Su retiro, sin embargo, hace que la defensa de la juridicidad, de los principios de aplicación de justicia bajo criterios de igualdad y proporcionalidad y, sobre todo, de verticalidad para oponerse a la cada vez más verificable impunidad -penal, económica, moral- de los responsables de graves crímenes de guerra y lesa humanidad, queden expósitos y con pocos líderes de talla dispuestos a seguir esa lucha desde la rama judicial.
Del ruido que ayer subió tantos decibelios hay que separar lo realmente relevante de lo puramente electoralista. La institucionalidad habrá de cumplir con su papel -el siempre deseable principio de la colaboración armónica entre las ramas del poder público para el cumplimiento de los fines del Estado- y los líderes políticos ofrecer debates argumentados sin rebajarse a la simple afición al agravio.
Importante será saber, por ejemplo, cuál va a ser el desarrollo de ese “principio pro paz” invocado por la JEP. Discernir si hay un concepto de paz en el que se puedan sentir convocados y comprometidos todos los colombianos, o si ese principio se identifica solo con los intereses particulares de los jefes de las Farc. O saber, por ejemplo, en qué va a quedar nuestro país en el ámbito de la cooperación internacional- y en concreto la bilateral con EE.UU.- en la lucha contra el narcotráfico. La decisión de la JEP abre troneras que será muy difícil volver a cerrar .