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La historia de Juliana Guerrero ya no es solo el relato de un fraude académico. Se ha convertido en el símbolo del desprecio por el conocimiento, por la ley y por la ética, del gobierno de Gustavo Petro; esa es la mala noticia. La buena es que el mandatario no logró salirse con la suya. Gracias a la persistencia de la congresista Jennifer Pedraza y a medios de comunicación –que revelamos piezas clave del escándalo– se logró demostrar lo que desde el comienzo fue sospechoso: Juliana Guerrero, a pesar de tener “diploma” de profesional, no cursó estudios en la Fundación San José. El jueves pasado, esa fundación anuló su título de Contaduría Pública y reconoció que no existe evidencia de que Juliana hubiera asistido a clases, hecho evaluaciones o cumplido requisitos básicos como las pruebas Saber.
Lo ocurrido debería alarmar a cualquier ciudadano comprometido con la integridad del Estado. La joven Juliana, a pesar de que fue capaz de mentirle sin pudor alguno a todo el país, fue exaltada en la Casa de Nariño como símbolo de “la juventud empoderada”. El presidente Petro no solo la respaldó, también hizo –durante su consejo de ministros televisado– una apología suya como una joven rebelde que había llegado a la jefatura del despacho presidencial.
Petro aprovechó además para lanzar sus dardos envenenados: dijo que los medios no querían a Juliana Guerrero porque era “pobre” y porque “no estudió en la Universidad de Los Andes”. Una maniobra repetida para crear odio y división en el país y sobre todo para justificar y esconder sus engaños. Ni lo uno ni lo otro Presidente, solo se le estaba exigiendo lo mismo que a cualquier otro ciudadano: decir la verdad, cumplir con los requisitos legales y actuar con honestidad.
La narrativa heróica que Petro creó para nombrar a Guerrero en altos cargos del Estado –asesora presidencial, asesora del ministro del Interior, jefa encargada del despacho de la Presidencia y casi viceministra de Igualdad– hace daño en lo más profundo del alma del país.
¿Qué mensaje reciben aquellos que se levantan temprano para estudiar, que ahorran peso a peso para pagar una matrícula, que rinden exámenes y presentan trabajos con esfuerzo? ¿Qué valor tiene para ellos una carrera universitaria si pueden ser desplazados por personas que falsean sus credenciales y son premiadas con cargos de alto nivel?
Se mina la cultura del esfuerzo. Se desalienta a quienes sí creen en el estudio como herramienta de transformación. Se envía el mensaje de que en Colombia, todavía, los atajos valen más que la integridad. Y se legitima la idea de que el poder puede funcionar al margen de la ley.
Pero además, la pregunta no es solo cómo Guerrero obtuvo títulos por estudios que nunca cursó, sino quién, dentro del Gobierno, facilitó o encubrió este proceso. ¿Quién permitió que una persona sin estudios tuviera funciones sensibles en el Ejecutivo? ¿Por qué se resistieron durante meses a entregar los documentos académicos? ¿Y cuántos casos más, como este, podrían estar ocurriendo sin escrutinio?
Cabe recordar que Juliana Guerrero usó aeronaves de la Policía Nacional en vuelos autorizados por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Uno de los casos más polémicos fue el traslado, junto con su hermana, desde Bogotá hasta Aguachica (Cesar), el cual Benedetti calificó como “secreto” por ser “asunto de Estado”, pero terminó siendo que la joven necesitaba ir a hacer una vuelta en la universidad.
En este escándalo no hay inocentes. Juliana Guerrero podría enfrentar cargos por fraude procesal y falsedad en documento público si se comprueba que engañó al Estado. La Fundación Universitaria San José –que aparece con vínculos políticos con Armando Benedetti– también deberá responder.
Lo sucedido con los títulos no es una simple omisión. Se trata de una anomalía que pone en duda la seriedad de su modelo académico. Ya se habla de casos similares, lo que exige una intervención inmediata por parte del Ministerio de Educación y de los organismos de control. Si se confirma una práctica sistemática, las sanciones deben ser ejemplarizantes.
La Fiscalía y la Procuraduría están llamadas a investigar con rigor las responsabilidades penales y disciplinarias, tanto de Guerrero como de los funcionarios que avalaron su nombramiento.
El caso Juliana Guerrero es una forma de corrupción. Porque cuando se elimina el mérito como criterio, se compromete la calidad de las decisiones públicas y se ponen en riesgo los recursos y la vida de millones de ciudadanos. El mérito en el Estado no puede ser negociable. Es sagrado.
A los jóvenes de Colombia se les debe respeto. Exigir preparación, legalidad y ética no es elitismo: es la esencia del Estado de Derecho.