El nuevo Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional revela un estancamiento en la lucha contra ese flagelo en Colombia. El país, aunque mejora este año tres puestos en el ranquin (de 93 a 96 entre 180 países), no logra una variación significativa de puntaje, que se mantiene entre 36 y 37 sobre 100 desde el año 2012.
Además de sus demoledores efectos sobre la legitimidad y la confianza en el Estado, la persistencia de la corrupción es un obstáculo para el desarrollo. En Colombia se ha detectado que la corrupción está asociada sobre todo a la contratación pública, ya sea para la provisión de bienes o servicios o para la vinculación del personal que trabaja en las entidades del Estado. Con esto se distorsionan las decisiones alrededor de los procesos de contratación pública, empleo público y provisión de subsidios, bienes y servicios.
Al respecto un informe de 2018 de Transparencia por Colombia (“Así se mueve la corrupción. Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018”) muestra que de enero de 2016 a julio de 2018 se identificaron 327 hechos de corrupción reportados por la prensa nacional y regional en los 32 departamentos del país. El 69 % de los hechos son de alcance municipal, el 25 % de nivel departamental y un 6 % de hechos restantes correspondieron a hechos de alcance nacional. En su mayoría fueron hechos de corrupción administrativa (73 %), corrupción privada (9 %) y corrupción judicial (7 %). De los hechos asociados a corrupción administrativa, las irregularidades en los procesos de contratación pública fueron el principal problema, ocupando el 46 % de los hechos de este tipo.
En el estudio se detectó también que las irregularidades más frecuentes en la contratación pública fueron la adjudicación o celebración irregular de contratos (29 %), violación a los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal (17 %), o abuso de la figura de contratación directa (8 %).
Aparece acá un patrón según el cual los delitos e irregularidades más comunes están asociados a la financiación prohibida, fraude electoral, compra de votos y comportamientos irregulares de los partidos políticos. El efecto de las irregularidades y la falta de transparencia en el financiamiento de campañas lleva a que los abusos de los corruptos están relacionados con los arreglos para acceder al poder y con las formas para gestionarlo.
No es fácil el cálculo de cuánto le cuesta la corrupción al país. Algunas entidades como la Contraloría General de la República o la Procuraduría han hablado de una cifra global de 5 % del PIB. Los sectores más afectados son, según Transparencia, Educación (16 %), Infraestructura y Transporte (15 %) Salud (13%) y Función Pública (12%).
Pero detrás de las cifras y porcentajes deberían venir las reflexiones, no solo de los académicos y medios de comunicación, sino de la sociedad entera. Hasta qué punto la tolerancia con la corrupción se ha normalizado. Porqué razones regiones enteras reeligen indefinidamente a dirigentes políticos que jamás han demostrado compromiso con el desarrollo de sus regiones ni con la superación de la pobreza. Y, entre otras cosas, si es una posición acomodaticia responsabilizar de la corrupción solo a la clase política, sin pararse a mirar los incontables sistemas de filtración de conductas corruptas en todas las actividades diarias, que hace tristemente certera una reflexión de Fernando Savater, en 2017: “Muchos de los más críticos con la corrupción no se indignan por integridad, sino por deshonestidad contrariada: no perdonan a los corruptos haberse aprovechado de una ocasión que a ellos no se les ha ofrecido”..
