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El empresariado colombiano ha respondido al terremoto del 10 de agosto con una generosidad pocas veces vista. En poco más de una semana, las donaciones del sector privado ya superan billón y medio de pesos. Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa aportaron $200.000 millones. Jaime Gilinski y su esposa destinaron $150.000 millones a reconstruir hospitales y colegios en Cali. El Grupo Bolívar y su banco Davivienda, $110.000 millones. Los Santo Domingo donaron $100.000 millones, la misma suma que comprometieron David Vélez, fundador de Nubank, para atender la emergencia en el Chocó, y una compañía que pidió reserva de su nombre. El Grupo Tecnoquímicas sumó $50.000 millones, las empresas de Proantioquia $200.000 millones y las del Valle, articuladas por ProPacífico, otros $220.000 millones. A eso se suman toneladas de alimentos, agua y materiales, y los aportes de miles de ciudadanos de a pie. Es un gesto que el país tiene que valorar.
Sin embargo, la magnitud de la tragedia obliga a poner esas cifras en contexto. No es claro aún cuánto cuesta la reconstrucción. Si bien el presidente Abelardo de la Espriella reveló que una firma privada había calculado las pérdidas en $30 billones, no necesariamente es el costo de la reconstrucción. Para tener un punto de comparación, reconstruir el Eje Cafetero tras el terremoto de 1999 costó $1,6 billones. Por supuesto, la magnitud es distinta.
El grueso del esfuerzo recaerá sobre un Estado que recibió las finanzas exhaustas del gobierno Petro, con un déficit que rondaría el 8% del PIB. Con la caja vacía y más de 400 municipios afectados en decenas de departamentos, el país está obligado a buscar soluciones creativas para reconstruir rápido y bien.
Una de esas soluciones ya existe: Obras por Impuestos. Conviene recordar su origen. El mecanismo nació con la reforma tributaria de 2016, en el marco del Acuerdo de Paz, para que las empresas pudieran pagar hasta la mitad de su impuesto de renta financiando y ejecutando directamente proyectos en los municipios más golpeados por el conflicto y la pobreza, los llamados Pdet y Zomac. En lugar de girar la plata a la Dian, la empresa contribuyente escoge un proyecto ya estructurado —una vía terciaria, un acueducto, un colegio, un hospital—, lo contrata, asume los sobrecostos si los hay, y solo descuenta el valor cuando entrega la obra terminada.
Así, la empresa sabe exactamente en qué se convierten sus impuestos, se involucra con las comunidades donde opera y ejecuta con una disciplina que escasea en la contratación pública, donde los recursos pueden tardar años en volverse obra. De hecho, puede significar un trabajo más exigente para las empresas, pero también una oportunidad de conectarse con los territorios, lo cual puede retribuirles en reputación y mejor operación.
Entre 2018 y 2024, según la Agencia de Renovación del Territorio, se aprobaron más de 400 proyectos por cerca de $3 billones en unos 260 municipios, con unos 7 millones de beneficiarios. El cupo anual, que arrancó en $250.000 millones, hoy supera el billón de pesos, y aun así se queda corto frente a la demanda de proyectos. El Grupo Ecopetrol ha sido el mayor usuario del instrumento, con más de $1 billón movilizado —cerca de un tercio del total nacional— en vías, dotaciones educativas y energización rural.
Antioquia es el líder territorial: más de un centenar de proyectos por unos $1,4 billones y casi 90 empresas vinculadas, incluida la obra más grande en la historia del mecanismo, el alcantarillado de Nueva Colonia, en Turbo, que llevará saneamiento básico a 12.000 habitantes. Compañías como Grupo Argos, grandes articuladores de ese ecosistema, han movilizado desde 2019 cerca de cientos de miles de millones en medio centenar de proyectos con otros tantos aliados. La vía Dabeiba–Camparrusia, por ejemplo, una zona que fue fuertemente golpeada por el conflicto, terminó costando la mitad de lo presupuestado y los excedentes volvieron al Estado: algo impensable en una obra pública colombiana.
Por eso vale la pena tomarse en serio la propuesta que el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, junto con Proantioquia, le presentaron esta semana al presidente De la Espriella: una Reconstrucción por Impuestos. El gobernador Rendón ha sido el gran promotor de la idea, había pedido desde antes del terremoto ampliar el cupo del mecanismo, y tiene proyectos ya estructurados para su aplicación.
La idea es subir el cupo del mecanismo, hoy limitado al 1% del recaudo de renta, hasta el 10% —unos $15 billones al año— y dedicar casi todo ese margen a los municipios damnificados mientras dure la emergencia. Con aprobaciones en cuestión de semanas, garantías que protejan la plata del inversionista y la posibilidad de expedirlo por decreto al amparo del estado de emergencia, la reconstrucción podría financiarse en unas tres vigencias.
¿Y por qué no soñar en grande? El presidente ya habló de un Plan Marshall para el Chocó. Reconstrucción por Impuestos puede ser el motor que lo financie: empresas apadrinando barrios enteros de Quibdó, Pereira o Cali, con proyectos de renovación urbana, vivienda digna y reparación de colegios, hospitales y vías, ejecutados con la misma rigurosidad que ya demostraron en los territorios del conflicto. Y la lógica podría extenderse a las regalías sin ejecutar, esos saldos que duermen en cuentas oficiales mientras los municipios esperan. Habrá que ver cómo se garantizan la transparencia y la priorización para que el entusiasmo no termine en desorden, pero hay un mecanismo probado, un empresariado dispuesto y una emergencia que no da espera.
El terremoto sacó a relucir lo mejor del sector privado colombiano. Al Gobierno le toca ahora ponerle el marco para multiplicarlo. Lo que ya demostró que funciona, hay que ampliarlo. Y rápido.