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Ahora que Colombia habla del Libro de la Verdad, que presentó el presidente Abelardo de la Espriella sobre la herencia que dejó Gustavo Petro, vale la pena desempolvar otro libro publicado hace diez años. Se llamaba Libro Blanco y con él Enrique Peñalosa quiso mostrar en 2016 el estado en que recibió a Bogotá tras cuatro años de alcaldía de Gustavo Petro.
Leído hoy, aquel documento produce una incómoda sensación de déjà vu. Muchos de los problemas que ahora aparecen en las 135 páginas del Libro de la Verdad ya habían sido señalados cuando Petro dejó el Palacio de Liévano: crecimiento exagerado de contratos por prestación de servicios, debilitamiento del rigor técnico, obras paralizadas, deterioro financiero y una abrumadora distancia entre sus grandilocuentes anuncios y su capacidad real para convertirlos en resultados.
Era, sin duda, una atronadora alarma. El Libro Blanco reveló, por ejemplo, que Petro recibió a Bogotá con 29.000 contratos de prestación de servicios y terminó su mandato con 50.000: un crecimiento de burocracia superior al 40%. En el Libro de la Verdad el dato es más escandaloso: Petro creó una nómina paralela de 900.000 contratistas. En ambos momentos ‘funcionarios’ no iban a trabajar porque no cabían en las oficinas.
En Bogotá, Petro creó el programa de Territorios Saludables, con el cual desplegó a 13.000 contratistas por los barrios, 3.000 de ellos ni siquiera eran bachilleres, y una de sus tareas era repartir el periódico de la Alcaldía. Cualquier parecido con el programa que implementó en la Presidencia es ‘mera coincidencia’: Petro giró más de $6,8 billones para Equipos Básicos en Salud, en los que contrató a 10.000 personas y los desplegó por el país, sin que exista una sola evaluación de impacto.
Por no profundizar en el parecido de lo ocurrido con las EPS: como alcalde, dejó prácticamente quebrada a Capital Salud con un déficit de $579.000 millones, y como Presidente ya el país sabe del estado en que dejó las EPS intervenidas.
El Libro de la Verdad identifica como un primer comportamiento crítico la “destrucción del rigor técnico”: pérdida de capacidad técnica permanente del Estado, vacantes directivas cubiertas mediante encargos y dependencia estructural de contratos de prestación de servicios.
Lo mismo que se concluye al leer el Libro Blanco de hace diez años. Peñalosa advierte que Petro dejó 36 contratos importantes del IDU suspendidos, 14 de ellos de obra, como el deprimido de la calle 94, verdaderos elefantes blancos en el corazón de la ciudad. El Sistema Integrado de Transporte Público estaba al borde de la quiebra, con déficit de $800.000 millones, y el modelo de aseo, que a Petro le dio por cambiar provocó crisis de basuras y costos por $245.000 millones.
Mientras que El Libro de la Verdad habla de otros estropicios: $2,2 billones que se comprometieron para construir hospitales sin estudios de conveniencia; $310.000 millones en contratos tecnológicos de la Dian que hoy no funcionan; un Escudo Antidrones que costó $6,3 billones pero no tienen el alcance mínimo exigido de dos kilómetros, el presupuesto para tres millones de adultos mayores que se agotó justo cuando se acabó la campaña y una Agencia de Tierras que pagó casi $1 billón por predios sin títulos completos.
Tanto en el Palacio Liévano como en la Casa de Nariño los recursos públicos no parecían doler.
El verdadero mensaje de El Libro de la Verdad no está en sus 82 casos por separado. Está en la suma. El documento habla de nueve comportamientos que se refuerzan mutuamente: la pérdida del rigor técnico debilita la supervisión de los contratos; la opacidad no permite ver la baja ejecución; el mal manejo fiscal presiona decisiones excepcionales que aumentan otros riesgos.
Así se deteriora un Estado. No mediante un gigantesco acto de corrupción que una mañana aparece en primera página. Puede ocurrir lentamente: se baja un requisito aquí, se multiplica un contrato allá, se anuncia una obra sin suficientes estudios, se deja deteriorar una plataforma, se compromete presupuesto futuro, se acumula una contingencia judicial y se reemplazan resultados por anuncios. Ese, según los dos libros, termina siendo el modus operandi de Petro.
Hasta que alguien abre la puerta y descubre que la fachada de la casa sigue en pie, pero por dentro el país puede estar casi en ruinas.
El Libro de la Verdad no es una sentencia judicial. Tampoco lo fue el Libro Blanco de Peñalosa. Petro tiene derecho a controvertir los hallazgos. Corresponderá a los organismos de control y a los jueces establecer las responsabilidades.
Pero para juzgar una administración no hace falta que sus errores sean delitos. La improvisación puede no ser ilegal. La incompetencia tampoco. Y, sin embargo, hacen un daño monumental. Petro no deja una sola crisis que resolver: deja al sucesor la tarea de reconstruir la capacidad del Estado para gobernar.