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Las redes sociales, concebidas en sus inicios como tribunas democráticas para la libre expresión, han mutado en ecosistemas complejos donde la verdad no solo es relativa, sino a menudo irrelevante.
En las últimas semanas, un fenómeno alarmante ha sacudido a Europa, y demuestra que la desinformación cada día se refina más y amenaza con dejar en ruinas los valores democráticos.
En Francia, la fiscalía abrió investigaciones ante operaciones encubiertas como la red ‘Matrioska’. Este entramado de propaganda prorrusa ha atacado directamente a figuras políticas clave, como los ex primeros ministros Gabriel Attal y Édouard Philippe, o el eurodiputado Raphaël Glucksmann. El modus operandi recurre a sofisticados videos generados por inteligencia artificial y a la clonación descarada de portales de medios de comunicación respetados como Le Monde, Libération o la agencia AFP. El objetivo es generar un ruido constante que agota la capacidad crítica del ciudadano. Se trata de una guerra híbrida, donde las armas no son proyectiles, sino algoritmos diseñados para viralizar el odio y la falsedad.
De manera simultánea, Fnideq (Castillejos), el pueblo marroquí que tiene frontera con el enclave español de Ceuta, ha sido el epicentro de dos oleadas de migrantes en menos de un mes por culpa de noticias falsas en las redes. Tras una sentencia del Tribunal Supremo español de fines de julio, perfiles creados expresamente para la ocasión difundieron la falsa noticia de que el fallo había “abierto” las fronteras de España: “quien quiera entrar, bienvenido”, decían. Solo esos llamados alcanzaron más de 10 millones de visualizaciones en Instagram y Facebook, y miles de personas intentaron cruzar en masa desde Marruecos.
Apenas días después, empezaron a circular nuevas convocatorias en TikTok, WhatsApp y Telegram fijando el 15 de agosto, festivo en España, como fecha de encuentro. Los mensajes decían “nuestra última oportunidad”. Detrás no había un movimiento espontáneo, sino un patrón: cuentas sin historial migratorio previo que, de un día para otro, solo publicaban fotografías con la fecha superpuesta y etiquetas como Fnideq. En esta ocasión, la tragedia fue contenida gracias a un fuerte dispositivo que frenó en seco la oleada antes de que la mentira costara vidas.
Ahí está la dimensión verdaderamente nueva del problema. Durante mucho tiempo discutimos la desinformación como un fenómeno relacionado con aquello que la gente cree. Ahora debemos empezar a entenderla también por aquello que hace que la gente haga. Una noticia falsa en la pantalla de un teléfono puede terminar convertida en centenares de personas caminando hacia una frontera.
Este sombrío panorama transatlántico no resulta ajeno a Colombia. En la campaña presidencial reciente se utilizó la manipulación y la inteligencia artificial, sin escrúpulos, para conquistar votantes. Por no hablar del reciente terremoto en el que aparecieron videos generados con IA mostrando falsos derrumbes o las cadenas falsas que advertían sobre supuestos nuevos terremotos.
¿Qué hacer entonces?
La primera responsabilidad corresponde a las plataformas. Durante años construyeron modelos de negocio en los cuales el contenido que provoca mayor reacción recibe mayor difusión. El algoritmo no distingue necesariamente entre una investigación rigurosa y una falsedad escandalosa: reconoce aquello que consigue mantener nuestros ojos pegados a la pantalla. Y la indignación, el miedo y la rabia son extraordinariamente eficaces para lograrlo.
Las empresas tecnológicas deben perseguir con mayor decisión las redes coordinadas de cuentas falsas, identificar contenidos manipulados y reducir los incentivos económicos y algorítmicos que premian la desinformación. No pueden beneficiarse de la circulación masiva de contenidos y declararse simples espectadores cuando esos mismos contenidos producen daños sociales.
La Unión Europea ya dio un primer paso con su Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas grandes a mitigar riesgos sistémicos como la desinformación; Colombia y el resto de la región siguen sin un marco equivalente. Las empresas tecnológicas no pueden seguir lucrándose con el caos social.
En segundo lugar, los gobiernos deben fortalecer sus mecanismos de respuesta a estas campañas sin caer en la censura, y esa tarea pasa sobre todo por la educación. Formar ciudadanos críticos capaces de discernir entre información y propaganda —que lean, que investiguen, que no reduzcan su fuente de conocimiento a X o TikTok— es la mejor defensa a largo plazo. La alfabetización digital no puede ser una asignatura pendiente en una era donde un video manipulado puede alterar una elección o desatar una crisis fronteriza.
Y existe una tercera defensa que ninguna ley puede sustituir: la responsabilidad del usuario. La pausa que debemos hacer antes de compartir un contenido de redes que nos resulta atractivo puede ser el acto de resistencia más potente contra la manipulación y la desinformación. Verificar la fuente, contrastar la noticia y dudar de lo que genera una reacción emocional extrema son hábitos que deben convertirse en norma. La desinformación es un virus que ataca a la sociedad, y la verificación es nuestra vacuna.
Las mentiras siempre han existido. Lo nuevo es la formidable infraestructura que hoy tienen a su servicio: inteligencia artificial para fabricarlas, algoritmos para multiplicarlas y millones de teléfonos para ponerlas en circulación instantáneamente.
Lo peor es que cuando todo parece susceptible de ser falso, también los hechos verdaderos empiezan a perder valor. Y la humanidad no puede permitirse el lujo de perder la batalla por la verdad.