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La escena del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay es el retrato más desgarrador del fracaso del Estado, y en particular del gobierno de Gustavo Petro, en su deber elemental de garantizar la seguridad de los líderes democráticamente electos.
No se trata de un ciudadano cualquiera: Uribe es el jefe de la bancada del Centro Democrático, el partido más importante de oposición en el Senado, y su nombre es el preferido por el expresidente Álvaro Uribe como candidato de su partido a la Presidencia. Lo cual agrava aún más la negligencia de las autoridades responsables.
En los videos se evidencia una falla monumental: el joven sicario que lo estaba escuchando, se acerca con su pistola Glock, acerca la pistola a la cabeza de Miguel Uribe nadie lo detiene y dispara sin que ningún escolta, en primera instancia, intervenga ni impida el ataque. Se escuchan ocho balazos. No se sabe si todos del sicario.
A pesar de tener un esquema asignado de siete hombres, ese día Uribe apenas estaba acompañado por dos escoltas, y al parecer ninguno cumplía su función más básica: guardarle las espaldas.
Resulta inconcebible que la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que se consume más de 2,5 billones de pesos al año de los impuestos de los colombianos, no tuviera para brindarle una buena seguridad a Uribe. ¿Qué pudo ser? ¿Desinterés en protegerlo? o ¿Errores a la hora de priorizar el riesgo de sus protegidos?.
Lo que es aún más dramático, es que Miguel Uribe había pedido a la UNP al menos 20 veces, que le reforzara el equipo de seguridad durante sus desplazamientos fuera de Bogotá. Y la entidad se lo negó una y otra vez. De hecho, en la cumbre de Asobancaria en Cartagena, dos días antes del atentado, el senador Uribe estuvo sin esquema de seguridad.
Por el contrario, nada ha impedido que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, como lo denunció EL COLOMBIANO hace unos meses les haya puesto esquema de seguridad a sus funcionarios más cercanos: blindajes, escoltas y chalecos para burócratas sin amenazas conocidas.
Lo ocurrido con Uribe Turbay no es un hecho aislado, sino parte de un patrón alarmante: la protección parece responder a criterios de afinidad ideológica, no de riesgo real. Ya en su momento documentamos el intento de reducir el esquema de seguridad del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, bajo argumentos que hoy se repiten con un sesgo que no puede pasarse por alto. Cabe recordar que Augusto Rodríguez, además de ser mano derecha de Gustavo Petro los últimos 30 años, lo acompañó en todas sus cruzadas en contra de Álvaro Uribe.
Mientras se escatiman escoltas para líderes de oposición –insistimos, elegidos en democracia–, se protege con generosidad a “gestores de paz” que han estado vinculados a estructuras criminales. Es decir, Miguel Uribe tenía un carro y dos escoltas, mientras que Salvatore Mancuso le dieron un esquema de protección que incluye camionetas para sus hijos y en determinado momento incluso hasta para sus abogados. Cabe recordar que desde cuando Mancuso llegó al país, en febrero de 2024, dejó claro que estaba dispuesto a declarar contra Álvaro Uribe.
Por no hablar de cabecillas de las Disidencias que fueron detenidos en un retén en Cisneros (Antioquia) mientras viajaban en camionetas de la UNP, pero sacaron alegaron ser “gestores de paz” y como si fuera un salvoconducto siguieron su camino hacia su destino y hacia el crimen.
La UNP aumentó el número de protegidos en 50% en dos años. ¿A quiénes están protegiendo? La distorsión de las prioridades es tan profunda como peligrosa.
Lo que aquí está en juego es la credibilidad del sistema democrático. Un Estado que no protege a sus opositores, pero sí blinda a funcionarios afines y a personajes oscuros, socava las bases mismas del pluralismo político. El mensaje que queda es peligroso: la vida de los contradictores políticos vale menos, y la seguridad se administra como botín de gobierno, no como política de Estado.
El presidente Gustavo Petro ordenó ayer reforzar la seguridad de los opositores. Ojalá y así sea. Desde el sábado en su alocución había dicho: “El deber del Estado es cuidar como a más a los miembros de la oposición porque si ellos no tienen libertad y vida, Colombia tampoco tendrá libertad ni vida”.
Este atentado debe ser un punto de quiebre. Se necesita una reforma profunda y urgente a la UNP, comenzando por revisar los criterios con los que se asignan los esquemas y reorientar la entidad hacia su misión real: proteger la vida de quienes, por razón de su labor pública o liderazgo político, están en riesgo.
Lo ocurrido con Miguel Uribe es una advertencia siniestra sobre lo que sucede cuando la negligencia y la politización se apoderan de instituciones claves para la democracia. .