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La salud mental de los niños y adolescentes ya no es solo una preocupación médica o familiar. Hoy está en el centro de uno de los mayores litigios tecnológicos de nuestra era. En un tribunal federal de California, Meta enfrenta una histórica batalla jurídica promovida por una coalición bipartidista de fiscales generales de 29 estados de EE.UU. La acusación es devastadora: haber diseñado de manera deliberada funciones de Instagram y Facebook destinadas a fomentar un uso compulsivo entre los menores, explotando sus vulnerabilidades psicológicas y recogiendo datos de niños sin el consentimiento de sus padres.
El juicio comenzó la semana pasada en Oakland y el inicio formal de los debates procesales ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha destapado elementos inquietantes. Arturo Béjar, antiguo ingeniero responsable de seguridad de Meta, declaró que el famoso lema de la compañía, “moverse rápido y romper cosas”, formaba parte de su cultura y que la empresa mantuvo durante años una especie de política de “no preguntes, no digas” frente a la presencia de menores de 13 años en sus plataformas.
Los fiscales comparan la estrategia de captación de la tecnológica con los patrones de la vieja industria del tabaco, que vendía un producto altamente adictivo, y a pesar de que sabían mucho más sobre los riesgos de sus productos, no lo reconocían públicamente.
Meta rechaza esas acusaciones. Alega que ha desarrollado numerosas herramientas de protección para adolescentes, que combate las cuentas de menores de 13 años y que problemas como la ansiedad, la depresión o los trastornos alimentarios tienen causas múltiples que no pueden atribuirse exclusivamente a las redes sociales.
Precisamente eso es lo que tendrá que establecer el proceso: qué sabía la compañía, desde cuándo lo sabía y qué hizo con esa información. Y una pregunta mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando una empresa puede conocer los momentos de mayor vulnerabilidad emocional de sus usuarios y su negocio consiste precisamente en mantenerlos conectados el mayor tiempo posible?
Que Facebook ha tenido acceso a información extraordinariamente sensible sobre sus usuarios está documentado. En su libro Los irresponsables, la exdirectiva Sarah Wynn-Williams relata cómo cuando una adolescente colgaba una foto personal (selfie) y acto seguido la borraba por inseguridad, el sistema detectaba ese pico de vulnerabilidad. De inmediato, se facilitaba esa información a las marcas de productos de belleza, que a su vez bombardeaban con publicidad a la joven desprotegida.
La denuncia es de una antigua alta funcionaria de Facebook y, por ahora, falta ver qué concluye la juez. Pero pone al descubierto el gran dilema: cuánto puede saber una plataforma sobre las fragilidades psicológicas de una persona y hasta dónde resulta aceptable utilizar ese conocimiento para aumentar su consumo.
La defensa legal de la compañía ha intentado mitigar el impacto alegando que la verificación de edad es un problema transversal de Internet. Sin embargo, comunicaciones internas presentadas en el juicio revelan que herramientas emblemáticas como el scroll infinito (desplazarse sin límite) y las alertas constantes fueron refinadas bajo una suerte de estrategia de adicción para maximizar las métricas de interacción a expensas de la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño de los usuarios más jóvenes.
Empiezan a aparecer grietas insalvables para estas firmas. La semana pasada TikTok acordó pagar 400 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2024 que lo acusaba de violar las normas de privacidad infantil al permitir el uso de la plataforma por menores de 13 años y recopilar información personal sin consentimiento.
Aunque para un gigante tecnológico 400 millones de dólares son tan solo un rasguño en sus estados financieros, Estados Unidos comienza a trasladar al terreno jurídico una discusión que durante demasiado tiempo dejó en manos de las propias compañías.
Lo verdaderamente trascendental del juicio a Meta es de orden geopolítico. Los encomiables intentos de regular estas corporaciones desde la Unión Europea o Australia seguirán siendo insuficientes si el propio gobierno de Estados Unidos no se pone al frente de la tarea en su territorio.
Los fiscales alegan que estas plataformas se diseñaron de manera deliberada para ser adictivas, ocasionando daños emocionales severos en los menores. Frente al proceso que condenó a las tabacaleras en los noventa, la analogía se queda corta: el humo daña los pulmones, pero los algoritmos sin control estarían desmantelando la arquitectura mental de la juventud.
La tecnología debe ser una herramienta para potenciar las capacidades humanas, no un mecanismo de manipulación psicológica masiva. Es imperativo que la sociedad civil y los gobiernos comprendan que la regulación de los algoritmos no constituye un acto de censura, sino una medida de salud y legítima defensa.
Este juicio es una oportunidad para forzar un cambio estructural en los modelos de negocio digitales y trazar fronteras éticas claras entre la innovación legítima y la explotación comercial de la psicología infantil.