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La globalización, concebida como apertura económica, interconexión entre países y libre mercado, enfrenta hoy un desafío silencioso pero profundo: la manera como se está sofisticando el control legal transnacional por parte de las grandes potencias.
Durante buena parte del siglo XX se asumió que las leyes terminaban donde acababan las fronteras nacionales. La globalización desdibujó ese principio: las cadenas de suministro se hicieron transcontinentales, las plataformas digitales pasaron a almacenar datos de millones de personas en distintos países y las empresas empezaron a operar bajo decenas de jurisdicciones a la vez. Surgió entonces una pregunta cada vez más incómoda: ¿hasta dónde puede un Estado proyectar sus leyes más allá de su propio territorio?
El debate cobró fuerza cuando Estados Unidos expandió el alcance extraterritorial de sus sanciones económicas apoyado en el peso global del dólar, y empresas europeas terminaron pagando multas millonarias por operaciones legales en sus propios países pero prohibidas por Washington. La respuesta no tardó: la Unión Europea reforzó su “estatuto de bloqueo” para impedir que sus compañías obedecieran esas sanciones, mientras Canadá, México y otros países adoptaban mecanismos similares. Con los años, la tecnología, los datos y la seguridad nacional convirtieron el derecho en un instrumento más de la disputa geopolítica, como quedó claro con las restricciones contra Huawei y TikTok o los límites a la exportación de semiconductores.
En ese contexto se entiende la decisión de China de ir un paso más allá con el Decreto 835, “Reglamento de la República Popular China sobre la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros”. No solo abre un nuevo capítulo en esta competencia por extender las leyes más allá del territorio nacional: confirma que el régimen de Xi Jinping aspira a proyectar su autoridad legal sobre cualquier empresa o ciudadano chino, sin importar en qué país se encuentre. La norma ha sido entendida en el mundo como una herramienta de coacción que obliga a alinearse con las directrices de Pekín, vulnerando la soberanía territorial de los Estados donde esas empresas y ciudadanos operan.
El temor radica en su ambigüedad: el artículo 4 del decreto establece que el régimen ejercerá jurisdicción extraterritorial siempre que exista una “conexión apropiada” con China. Al dejar ese concepto deliberadamente indeterminado, el Partido Comunista Chino se otorga carta blanca para fiscalizar desde multinacionales tecnológicas hasta la conducta, los datos y las inversiones de sus ciudadanos en el exterior. Una empresa china que opera en Occidente queda así atrapada entre cumplir las leyes de transparencia y seguridad del país de acogida o ceder ante Pekín bajo amenaza de severas represalias.
Hay que decirlo: China no inventó este recurso. La Unión Europea tiene desde 1996 su propio estatuto de bloqueo frente a las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán, Canadá ha hecho lo propio, y Washington mismo es, para muchos, el actor que más ha expandido su jurisdicción más allá de sus fronteras. Pekín copia un libreto ya escrito por otros. La diferencia, y lo inquietante, no es que China exija lealtad a su ley, sino cómo lo hace: mientras la Unión Europea y Canadá especifican en un anexo público cuáles leyes bloquean, el Decreto 835 no lista ninguna. Deja que el Consejo de Estado decida caso por caso, sin criterios previos ni apelación ante un poder judicial independiente, y habilita además que cualquier ciudadano u organización china demande a quien haya cumplido una ley extranjera.
Las consecuencias de desobedecer al Consejo de Estado son drásticas y no contemplan garantías procesales propias de un Estado de derecho. El reglamento faculta a Pekín para prohibir el cumplimiento de leyes extranjeras, ordenar inspecciones arbitrarias y congelar activos, además de exigir cooperación irrestricta con sus investigaciones y alentar la delación civil. Cualquier organización puede demandar ante los “tribunales populares” a un competidor o compatriota que sí acató la ley local en el extranjero, dando pie a la sospecha y la persecución más allá de las fronteras soberanas.
Este decreto encuentra en América Latina un terreno especialmente fértil, dada la creciente dependencia de la región frente a los capitales de Pekín. Se convierte en una espada de Damocles para los gobiernos que han entregado infraestructura crítica —puertos, telecomunicaciones, proyectos mineroenergéticos— a consorcios chinos: cualquier auditoría ambiental, exigencia de transparencia o fallo judicial local podría ser catalogado por Pekín como “jurisdicción extraterritorial injustificada”, obligando a las filiales a desacatar la ley del país anfitrión para evitar represalias en China.
Ese expansionismo ya se vio en la práctica regional. Cuando la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional el contrato portuario de una filial de CK Hutchison por lesivo al interés público, Pekín respondió con una dura ofensiva diplomática: calificó el fallo de “absurdo”, acusó a Panamá de actuar bajo presión de Washington y advirtió que el país pagaría un “alto precio” si no rectificaba. La reacción evidenció la disposición del régimen chino a cuestionar la decisión del máximo tribunal de un Estado soberano cuando afecta intereses estratégicos de sus empresas.
¿Estamos ante una nueva era en la que una potencia extranjera impone sus leyes en territorio soberano, o podrán las democracias de la región fortalecer sus sistemas jurídicos para exigir reciprocidad?