Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Uno por ciento. Dos, en el mejor de los casos. Esa es la distancia que separa a Colombia de un apagón: es hoy el margen entre la energía que el país genera y la que consume, según la máxima autoridad en la materia que es XM, el operador del sistema.
Es la cifra más importante de la semana –y por qué no del año– para Colombia, pero se embolató, se perdió, en medio del escándalo que armó el presidente Gustavo Petro con el cuento de que un día no acepta el triunfo de Abelardo de la Espriella y amenaza con demandas, y al día siguiente parece decir lo contrario.
XM lanzó una alerta: los embalses deben llegar al 80% de su capacidad antes de septiembre para reducir el riesgo de un racionamiento. Pero, por ejemplo, Hidroituango todavía no puede aprovechar plenamente su capacidad de almacenamiento porque la ANLA mantiene la exigencia de retirar el material vegetal antes del llenado total. Cada gota de agua que se acumule hoy puede terminar siendo bendita para evitar el apagón de cuando el Niño haga de las suyas.
Y es que la advertencia de un posible racionamiento eléctrico para Colombia, por primera vez en 35 años, llega justo cuando el Ideam elevó a más del 90% la probabilidad de que El Niño –el Super Niño– se consolide con fuerza en el segundo semestre. Un dato que anuncia una sequía grave y traumática para generar la electricidad que damos hoy por garantizada si tenemos en cuenta que entre el 65% y el 70% de la matriz energética colombiana depende de las hidroeléctricas y las lluvias son, literalmente, la única variable que este gobierno no puede narrar a su favor.
Si baja sustancialmente el nivel de las hidroeléctricas entran a operar las térmicas, que suministran alrededor del 30% de la energía que demanda el país, pero que en fenómenos climáticos extremos pueden suplir más del 50% de esa demanda. Pero como ahora nos hemos quedado sin gas suficiente el panorama pinta oscuro.
No obstante las evidencias, el ministro de Minas, Edwin Palma, acusa a Paloma Valencia de mentir sobre la crisis energética que expuso en una columna de opinión. “Hay que bajarle a la arrogancia y a la mentira, senadora”, le respondió en X, como una manera de lavarse las manos de la responsabilidad que le asiste a su gobierno.
Ahí los números hablan más que cualquier trino: las reservas de gas cayeron 17% solo en 2025 y hoy alcanzan apenas para 5,9 años, el nivel más bajo en dos décadas, mientras las importaciones treparon a un récord del 30%, encareciendo cada factura. Ese deterioro no es un accidente climático: es la consecuencia directa de haber frenado los nuevos contratos de exploración desde el primer año de gobierno y de haber cerrado la puerta al fracking, cuyos dos pilotos en el Magdalena Medio quedaron suspendidos indefinidamente.
A eso se suma otro lío que deja este gobierno. Las millonarias deudas por pagar en el sector, que ascienden a 9,2 billones de pesos. De este monto 2,6 billones corresponden a la empresa Air-e, que suministra energía a tres departamentos de la costa Caribe, y que quedó al borde de la quiebra. Petro la recibió con deudas por 500.000 millones y la va a entregar empeñada hasta por cinco veces más.
A estas obligaciones se suman los subsidios a las tarifas de energía para los hogares de menores recursos que el gobierno no ha pagado y que ascienden a 3,5 billones, la plata que todavía se adeuda de la pandemia (opción tarifaria) y cerca de 1,5 billones de deudas de hospitales, clínicas y entidades oficiales.
El otro síntoma de esta crisis tiene nombre propio: Ecopetrol. La petrolera más grande del país pasó de vender 160 billones de pesos a 120 billones en cuatro años, mientras sus utilidades cayeron de 33,4 billones a apenas 9 billones. Es un deterioro tan severo que el propio designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sugirió que la destrucción de valor de la compañía debería ser caso de estudio en Harvard. No es una frase gratuita: detrás están los contratos por 700 millones de dólares frenados en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja tras denuncias de presuntas coimas, y una junta directiva que, según las críticas, se plegó más a las órdenes presidenciales que al gobierno corporativo.
El gobierno que hizo de la transición energética su bandera –de papel– termina el mandato peleando en X en vez de convocar la mesa técnica urgente que piden los gremios. Abelardo de la Espriella hereda un sistema al límite de su capacidad, una Ecopetrol debilitada y un Niño que no negocia con nadie ni lee columnas de opinión. Ya tiene sobre la mesa las primeras decisiones: una asamblea extraordinaria para renovar la junta de Ecopetrol y nombrar un nuevo presidente en reemplazo de Ricardo Roa, la despolitización de la Creg y de empresas como ISA, y el reencendido —lento, pero indispensable— de la exploración de hidrocarburos.
El margen del 1% no distingue entre quién tiene la razón en X: sólo distingue entre las casas que tendrán luz en diciembre y las que no. Esa es, al final, la única cifra que le importa al país.