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La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y exministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, fue elegida, tal como estaba anunciado, como próxima procuradora General de la Nación, por una amplísima mayoría de senadores, 83, de varios partidos.
Fue una elección rápida, habida cuenta de que hace apenas dos semanas había sido ternada por el presidente Iván Duque. Su nombre, no obstante, sonaba desde hacía meses y los contactos políticos no se redujeron a estos últimos días.
La primera mujer en llegar al cargo de jefa del Ministerio Público contó con el decidido apoyo de la bancada costeña. De lo primero, ya era hora. De lo segundo, es una oportunidad para que también la dirigencia de esa región del país reafirme y haga efectivo su compromiso de participar en políticas de defensa de la transparencia, la moralidad pública y la protección de los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales de la población.
Hacer un repaso, así sea somero, de las competencias que la Constitución otorga al jefe del Ministerio Público, explica la gran influencia que tiene sobre la vida política y jurídica del país. Así, por ejemplo, debe vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; debe proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo; defender los intereses de la sociedad, así como los intereses colectivos, en especial el ambiente; velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas; o ejercer “vigilancia superior” de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular.
Llama la atención que muchos de los que hoy objetan la elección de Margarita Cabello por haber sido ministra de Iván Duque, pues eso comprometería su independencia, hubiesen aplaudido hace cuatro años la elección de Fernando Carrillo, que había sido ministro y embajador de Juan Manuel Santos.
Obviamente, señalar este doble rasero no quita que, en efecto, la independencia, imparcialidad y rigor sean exigencias a las que la nueva procuradora deba hacer honor en todo momento. Hay un país devorado por la corrupción política y administrativa que espera que se retome la labor de control disciplinario que corresponde al Ministerio Público.
La recién elegida procuradora deberá asumir, a partir de enero cuando tome posesión del cargo, el impulso de la reforma legal que implica adecuarse a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia -vinculante para Colombia- impide que una autoridad administrativa, como la Procuraduría, sancione con destitución o inhabilidad a funcionarios públicos de elección popular. Para la Procuraduría ello implica variar sustancialmente su objetivo misional, y para el país significará un viraje severo en la forma de investigar, procesar y sancionar a los funcionarios públicos que violan la ley y la moralidad pública.
Ojalá, pues, tengamos procuradora General y no candidata en ciernes, para ningún otro cargo, que buena falta hace que haya una jefa del Ministerio Público que se concentre en -y haga efectivo- lo que la Constitución le manda .