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Editorial

La quemazón de la pólvora

Lo deseable es que no se queme pólvora y se decomise, sin excusas. Pero ante una costumbre tan inveterada, se exige que solo haya juegos pirotécnicos manipulados por profesionales. Cero niños.
<span class="priority-content" mlnid="idcon=22145395;order=2.0">La quemazón de la pólvora</span>
ilustración esteban parís Publicado el 28 de noviembre de 2014

La humanidad experimenta cambios notorios de conciencia, tanto a nivel de las prohibiciones como de las aceptaciones. Ocurre, por ejemplo, frente a los animales, los asuntos ambientales, las minorías y las prácticas tradicionales en los festejos populares. Digamos que el tema de la pólvora clasifica en ese último rango.

Tan antiguos como la cultura china, los artefactos detonantes y luminosos han estado presentes en fiestas patronales, en celebraciones públicas y privadas y en épocas del año de especial jolgorio, caso especial de diciembre y Navidad.

Pero a esa presencia innegable y larga en los imaginarios de una numerosa lista de celebraciones populares, se le asocia también con un mayor control y manejo en instalaciones seguras y manos expertas. La mejor manera de evolucionar las prácticas culturales, desde sus orígenes y escenarios más antiguos, adaptándolas a los nuevos tiempos, es ajustarlas a derecho. Ese delgado, pero necesario límite que señala que el derecho propio termina donde empieza el del otro.

Un asunto complementario es que para cada práctica pública hay leyes, hay normas. Y la realidad objetiva, basada en estadísticas de lesiones y riñas vecinales, es que la venta y quema de pólvora, por parte de particulares, está prohibida en Medellín. Y ahí no puede haber términos medios. O se cumple o se cumple, y por ello el deber innegociable de las autoridades municipales y departamentales es decomisarla cuando no se acatan las normas.

Hacíamos las consideraciones culturales iniciales para advertir, por ejemplo, que en los países más seguros y regulados eficazmente (pero igual antiguos y enfrentados a estos dilemas entre las tradiciones y el deber ser), se ha impuesto la exhibición de juegos pirotécnicos revisados y aprobados previamente por las autoridades, y operados por expertos que reducen casi a cero los niveles de riesgo.

En este caso, sería esperable que los únicos espectáculos de bengalas y pólvora detonante que se aprecien en el Valle de Aburrá y Antioquia sean los que estén sometidos a tales reglas y observancia policial y de gobierno. Para lo demás, con los riesgos de la manipulación indiscriminada, del licor y los desmanes, del almacenamiento y transporte sin ningún rigor técnico, la premisa es la PROHIBICIÓN.

Ahora, queremos llamar la atención sobre lo tardías que son las campañas pedagógicas gubernamentales frente al tema. Es imposible crear conciencia en la gente a última hora. Apenas esta semana, ad portas de diciembre, empezaron los mensajes masivos para que la ciudadanía se abstenga de quemar pólvora.

Y la noche del miércoles, con el sonado triunfo del equipo más popular del país, en Brasil, ya fue un anuncio de la cantidad de pirotécnicos que comienzan a circular en las calles y municipios del área metropolitana, lo cual no debiera ocurrir porque las prohibiciones y las sanciones son terminantes y conocidas.

Como es previsible, habrá quienes se atrevan a comprar y quemar pólvora. Además de que reciban el peso de las normas, esperamos que tengan la suficiente conciencia de que, bajo ninguna justificación, esos artefactos deben llegar a manos de los niños. De comprobarse tal laxitud irresponsable en cualquier adulto-padre, pues que obre en su contra la ley con mano de hierro.

Y todo esto lo decimos para que las autoridades empiecen, desde hoy, el combate al expendio desbordado y peligroso que acompaña, hace una década, el primero de diciembre, ahora llamado en las calles “la alborada”. Que Medellín y sus alrededores no asistan, impotentes, a esa “batalla de luces y explosiones” tan riesgosa para los bienes públicos y privados, la salud humana, las mascotas y la fauna silvestre, y que además atenta contra el orden público.

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