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Vale la pena revisar en detalle algunos aspectos del proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República que reduce la jornada laboral en el país. En la conciliación final estaba pendiente de si a 42 o a 40 horas semanales. Dicha reducción se hará de manera progresiva hasta el 2026. Dicha disminución no implicará reducción de la remuneración salarial ni prestacional, del valor de la hora ordinaria de trabajo, ni demás garantías laborales.
Tal como han señalado expertos en el tema, el principal argumento del proyecto es que, al reducir la jornada, las empresas deberán contratar nuevos empleados para suplir la menor carga por trabajador y así aumentará el empleo agregado. Adicionalmente, se supone que, al reducir la jornada, el trabajador deberá realizar el mismo trabajo en menor tiempo, por lo que aumentará la productividad laboral.
Entre los aspectos positivos de la Ley es que nos acercamos a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia. Algo importante que ha pasado desapercibido como bondad del proyecto es la introducción de flexibilidad en la organización de las jornadas diarias de trabajo que pueden estar entre 4 y 9 horas diarias sin exceder las 42 semanales.
Sin embargo, ¿qué tan oportuno es el proyecto en momentos en que la economía apenas comienza a recuperarse de los efectos de la pandemia?
Los indicadores muestran elevado desempleo, alta pobreza e informalidad y déficit fiscal. Quizás es un proyecto oportuno para los congresistas por su tinte populista a menos de un año de las elecciones legislativas, pero no para la economía en su conjunto. Aunque Colombia debe transitar hacia formas en la que la organización de los recursos de la actividad económica tenga más en consideración al ser humano, lo cual ha sido señalado por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han con el concepto de “sociedad del cansancio” –en el sentido que “nos matamos a optimizarnos, nos machacamos a base de rendir bien– surge eso si la pregunta ¿qué tan oportuno es el proyecto en momentos en que la economía apenas comienza a recuperarse de los efectos de la pandemia y los indicadores señalan elevado desempleo, alta pobreza e informalidad y déficit fiscal? Quizás no es el mejor momento, y la gradualidad debería ser una menor reducción de la jornada en los próximos dos años.
Adicionalmente, hay una realidad del mercado laboral exacerbada por la pandemia: la alta informalidad. Esa nueva jornada no aplica en términos efectivos a este segmento de población. Para las empresas formales, de otra parte, existen efectos indeseables relacionados con su aumento en el costo laboral por la reducción de la jornada laboral. Cada empresa en sí se enfrentará a las siguientes opciones: algunas tendrán que aumentar la nómina de trabajadores o aumentar el pago de horas extras, otras disminuirán el número de empleos para poder contener sus costos y, finalmente, muchas acudirán a la contratación sin el cumplimiento de los estándares legales. En el agregado de la economía, todo lo anterior puede conllevar a una reorganización del empleo, que en el neto podrá originar una disminución de los puestos de trabajo y un aumento de la informalidad. Además, la productividad no necesariamente aumentará, pues ésta depende más de factores como educación y capacitación de la mano de obra, así como de las características de las empresas frente al mercado.
Aún no se ha considerado el efecto en el sector educativo del país, en particular en el sector público, que requiere más horas de dedicación docente en aula y virtual, sobre todo en tiempos de pandemia. Esto hará más costoso el servicio de educación en medio de las dificultades fiscales y la implementación de la nueva jornada en este caso será todo un reto de política pública