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Lo que iba a ser la Gerencia de Paz de la Alcaldía de Medellín, según el programa electoral del alcalde Daniel Quintero, pasó a denominarse Secretaría de la Noviolencia en el plan de reestructuración que fue presentado ante el Concejo. Si este aprueba las facultades extraordinarias que pidió el alcalde –como en efecto parece que va a suceder– y cede las competencias para definir esas reformas, esta nueva Secretaría pasaría a integrar el gabinete municipal.
En los documentos previos que establecen la filosofía de esta nueva dependencia, se habla de que se concibe como una estrategia para la construcción de un territorio de paz, con metodologías novedosas de reconciliación, reencuentro ciudadano, respeto por el otro desde la escuela, la familia, el barrio, el “parche”, la calle, la naturaleza, la empresa, con oportunidades de bienestar y desarrollo social.
En declaraciones a la prensa, su inspiradora, la gestora social del Municipio –quien prefiere ese título en lugar del de Primera Dama de Medellín– Diana Osorio, sugirió que se trata de hacer manifiesto el cambio entre una ciudad que votó por el No en el plebiscito por la paz en octubre de 2016, a una que eligió alcalde tres años después a quien fue el gerente local de la campaña por el Sí y que siempre se ha manifestado partidario de los acuerdos de paz con las Farc (declaraciones a El Espectador, versión digital, 04/08/2020).
Una política pública de convivencia y de programas de civilidad no tendría que citar esos antecedentes, en tanto se supone que la nueva Secretaría trabajará para evitar y contener todas las manifestaciones de violencia y de conductas lesivas contra los derechos de los habitantes de la ciudad a vivir en paz. Esta metodología por la normalización de la civilidad de las relaciones sociales y la defensa de los derechos implica todo un conjunto de procedimientos, pedagogías, dinámicas y reacciones colectivas e individuales desde la conciencia social de que los derechos van acompañados por los deberes de aportar a un ambiente de paz.
En los años 90, en medio de la vorágine desatada por el narcotráfico, milicias, autodefensas ilegales, bandas criminales y choques ciudadanos, se forjó un importante liderazgo social e institucional cuyos logros fueron significativos en las comunas más críticas, al transformar contextos de no futuro en ambientes de esperanza con programas de reconciliación desde la inversión social, el arte, la cultura, el empleo, la escuela, el deporte, con el concurso de la Iglesia, fundaciones, gremios económicos, Alcaldía y Gobernación.
Estas políticas que apuntan a la convivencia, con programas de pedagogía social y sectorial deben ir de la mano de las de una seguridad bien planificada y mejor aplicada, así como de la plena operatividad y eficacia de la justicia.
Es importante que queden claramente definidas las competencias y atribuciones de la nueva dependencia oficial, para que no se cruce con los programas y políticas de otras Secretarías (Gobierno, Seguridad, Cultura), ni se trate de pugnar por protagonismos, pues las responsabilidades políticas por la gestión las tiene quien fue elegido en las urnas y quien éste nombre para desempeñar el cargo con las obligaciones legales que le atañen.
Debería, también, estar alejada de manejos políticos y apetitos burocráticos. Quien la ocupe debe concitar confianza y acreditar una trayectoria intachable que invite al consenso, y no a los discursos divisivos. Requiere una gestión decidida, sensibilización, formación, difusión y puertas abiertas para todos los sectores, instituciones y actores sociales, públicos y privados .