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La Asamblea Departamental de Antioquia, luego de largos debates y aplazamientos, decidió finalmente, por amplia mayoría, aprobar la propuesta del gobernador del Departamento, Aníbal Gaviria, para hacer la transformación jurídica y societaria de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que pasará de ser una dependencia de la Secretaría de Hacienda, sin personería jurídica propia, a Empresa Industrial y Comercial del Estado (Eice).
La discusión venía de mucho atrás, pues el anterior gobenador, Luis Pérez, pocos días antes de culminar su mandato, también presentó un proyecto de Ordenanza no solo para la transformación jurídica, sino para la escisión de la empresa. Había como precedente un pronunciamiento del Consejo de Estado en el que “exhortaba” -ese fue el término utilizado- a la Asamblea de Antioquia a proceder a definir la naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores, habida cuenta de las decisiones que estaban dando la razón a empleados de la entidad en varias demandas de tipo laboral contra la empresa.
La discusión no ha sido fácil ni técnicamente pacífica. Las complejidades son muy grandes, al punto de que la Asamblea Departamental, al informar el pasado 17 de noviembre sobre la aprobación de la transformación de la FLA, dijo que ese proyecto “es quizás el más importante en la historia de nuestra corporación”.
Sea el más importante o no, sí marcará el rumbo de cambios profundos, cuya conveniencia está por verse, y de la responsabilidad política en forma de rendición de cuentas de la actual administración departamental que se jugó a fondo con este proyecto, al punto de haber conformado una nueva coalición de gobierno en la Asamblea.
Los secretarios de la Gobernación que impulsaron el proyecto dieron razón del respaldo normativo y la justificación legal, además de la claridad expresamente consignada en el texto de la naturaleza pública de la Eice. No obstante, uno de los asuntos que más dudas genera es el de la forma de tributación que tendrá la nueva entidad, asunto que toca el nervio de las finanzas departamentales en cuanto la FLA sigue siendo su principal fuente de recursos.
La actual gerencia de la FLA y el gobernador Gaviria y su equipo han defendido la necesidad de abordar nuevas líneas de negocio, diversificar portafolios, innovar métodos de mercadeo, comercialización y distribución. En entrevista a EL COLOMBIANO el pasado 26 de octubre, dijo Aníbal Gaviria que “estoy seguro de que hay intereses que quieren frenar la transformación de la FLA, que quieren frenar el proceso (...) que le daría toda esa flexibilidad y capacidad de competir”.
Ya decidido el cambio jurídico, lo que debe hacer la sociedad antioqueña es, de forma análoga a lo que ha pasado con EPM este año, velar por la conformación de estrictos códigos de Buen Gobierno, conformación de junta directiva despolitizada, técnica e independiente, con los más altos estándares profesionales, y desmarcar a la FLA de su concepción como “caja menor” de las administraciones de turno. “Desprivatizar” la FLA de poderes opacos que la han coadministrado es un compromiso de largo alcance, que requiere determinación y fuerza política. Si se implantan el buen gobierno, la rendición de cuentas, la transparencia en contrataciones y licitaciones y la empresa industrial y comercial del Estado vuelve a ser de todos los antioqueños, esta transformación habrá valido la pena.