Vuelve al centro del debate público la propuesta de desmontar el 4 % de contribución de las empresas a las cajas de compensación. La propuesta de Anif se hace en un contexto de deterioro del mercado laboral, con una elevada tasa de desempleo y una informalidad muy alta, que cede poco. En su diagnóstico, Anif muestra que el problema de fondo es el encarecimiento del factor trabajo por los altos incrementos en el salario mínimo legal (6 % para 2019 y 2020), que exceden a la productividad laboral, lo que los hace insostenibles. A esto se suman elementos más estructurales como el pago a las cajas de compensación y los intereses a las cesantías. Los sobrecostos laborales hacen que el mercado sea poco flexible, lo que significa que enganchar trabajadores sea muy costoso. Remover esas inflexibilidades debe ser el objetivo de una reforma laboral que apunte a generar empleo.
En línea con la Ley 1607 de 2012, dice el gremio financiero, se deberían reducir aún más los costos salariales, eliminando para esto el 4 % de aporte a la nómina que deben hacer los empresarios para las cajas de compensación familiar y los intereses de las cesantías. Estos dos elementos se sumarían en la reforma al estricto cumplimiento de la regla que estipula que el incremento del salario mínimo no puede superar las ganancias en productividad laboral.
Como el debate es histórico y recurrente, no hay que olvidar que la fórmula de la Ley 1607, que recuerda Anif, solo funcionó de forma parcial. La reducción de 13,5 puntos porcentuales en los aportes parafiscales del ICBF y del Sena, que allí se hizo, fue mucho más grande que la que hoy se propone, solo logró un efecto temporal sobre el empleo y su impacto se diluyó en el tiempo.
Actualmente, aunque la economía está creciendo al 3,2% anual, lo está haciendo sin generar empleo, a pesar de la reducción de costos salariales por parafiscales de 2012. Pareciera que hay otros factores involucrados asociados con la productividad del trabajador colombiano y la inversión en talento humano, así como con la eficiencia, el sesgo del sistema tributario que favorece la inversión en capital, las nuevas tecnologías y con la demanda. Se requiere un mejor diagnóstico.
Puestas las cosas en su sitio, no parece tan claro que debilitar a las cajas, que mejoran la calidad de vida los trabajadores con sus servicios en turismo, recreación, educación, salud y vivienda, sea una recomendación juiciosa. De hecho, por su capacidad institucional las cajas de compensación familiar pueden involucrarse aún más en programas de política social que cada vez son más importantes, incluyendo la cualificación de la mano de obra colombiana, y que consolidan las ganancias de la emergente clase media en Colombia.
No hay que desconocer, de otro lado, que las cajas ofrecen escala para programas de bienestar laboral y capacitación que de otra forma tendrían que ser financiados por las empresas a un mayor costo individual. Lo que sí se requiere es una evaluación objetiva de la contribución de estas instituciones a los propósitos sociales que se predican, un examen del Gobierno de las cajas y de la rendición de cuentas acerca del manejo de los recursos, en particular de los parafiscales, para que, con ese acervo de conocimiento, se propongan reformas que mejoren su contribución al conjunto de la sociedad colombiana.
