viernes
7 y 9
7 y 9
La condena penal contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y contra el exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, ya había sido anunciada por la Corte Suprema de Justicia. El pasado jueves fueron impuestas a ambos las penas privativas de la libertad, al terminar el juicio que, en única instancia, se les siguió por el escándalo que en su momento se resumió bajo la denominación de “las chuzadas del DAS”.
Estos exfuncionarios del más alto nivel de la Casa de Nariño, durante el gobierno de Álvaro Uribe, fueron condenados por concierto para delinquir agravado, interceptación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. La exdirectora del DAS lo fue, adicionalmente, por falsedad ideológica en documento público y peculado.
No se recuerda un gobierno que haya tenido tal cantidad de altos funcionarios condenados y en la cárcel, o prófugos. Hasta ahora, la explicación de quienes dirigieron esa Administración es que se trata de una persecución política, con los tribunales de justicia empeñados no en investigar y llegar a la verdad, sino en ejercer venganza por cuestionamientos que en su momento se hicieron a relaciones nunca aclaradas entre magistrados y personas de antecedentes poco transparentes.
Antier, el expresidente Uribe Vélez se refirió a los exfuncionarios condenados como “personas honorables”, que fueron condenadas “por cumplir su deber”, y añadió una consideración que no ayuda mucho a la defensa de su legado: “que no se robaron un solo peso”.
No robar recursos públicos no es suficiente para ser honorable, por supuesto, porque el desempeño de la función pública exige estándares éticos mucho más amplios que la sola abstinencia de robar.
Y la consideración global de las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, en este y en anteriores procesos, arroja que aparte del examen individual de las conductas ilícitas desarrolladas por los funcionarios, la Corte hace también un juicio a una forma de ejercer el poder, a las modalidades de cumplir las funciones públicas, que reprocha como desviadas, y a la concepción misma que de la legalidad y sus límites tenían los responsables del Poder Ejecutivo.
Pero aunque quede en muchos la sensación de que hay una persecución, ya que, dicen, estos espionajes y chuzadas las han hecho todos los gobiernos, lo cierto es que si un comportamiento ilegal es recurrente, no por eso debe convertirse en tolerable.
Sí ha habido, y es evidente, una concentración de esfuerzos investigativos y judiciales en la Administración Uribe Vélez (2002-2010). Seguramente en ella y en las anteriores la labor de la policía secreta como el DAS bordeó o traspasó los límites de la legalidad. Y estas condenas obligan a que los responsables de dirigir los organismos de inteligencia, ahora y en el futuro, refuercen sus controles.
No todo es permitido en la labor de los organismos de inteligencia. Cuando se está en el poder se tiende a adoptar una visión donde los enemigos proliferan, y los adversarios políticos se convierten en enemigos de la patria. En esas redes que tiran los funcionarios para cazar “enemigos del Estado” caen desde opositores hasta simples transeúntes.
Este episodio no termina. Aún hay investigaciones en curso y expedientes por aclarar. Quizás lo único bueno que deja esto es que todos aquellos que en un momento dado consideren estar investidos de poderes absolutos, tengan razones para pensarlo dos veces antes de impartir o ejecutar órdenes ilegales.