La captura en Venezuela de la prófuga exsenadora colombiana Aída Merlano por parte de un grupo especial que atiende las órdenes del régimen de ese país, reactivó en círculos de opinión lo que ya era motivo de discusión en ámbitos políticos y académicos más especializados: la pertinencia o no de establecer algún tipo de vía de contacto con ese régimen. Ahora, que se sepa, no lo hay, ni oficial ni extraoficial.
Sorprende que para poner sobre la mesa elementos de debate y antecedentes de los hechos, haya quienes desconozcan, por ignorancia o por sectarismo manipulador, que fue Nicolás Maduro quien rompió relaciones diplomáticas y consulares con Colombia, en febrero del año pasado, y quien procedió a expulsar a todo el personal colombiano en Caracas y demás ciudades, dándoles un plazo de pocas horas para abandonar su territorio.
Y desconocen también que los antecedentes de rompimiento han sido igualmente por decisión de los gobiernos despóticos del chavismo. El mismo Hugo Chávez anunció ruptura de relaciones diplomáticas en un discurso televisado, en julio de 2010. Y antes de eso, las había “congelado”. Todo ello acompañado de la más procaz sarta de insultos contra los presidentes colombianos, en particular Álvaro Uribe e Iván Duque.
El estilo barriobajero y de una zafiedad inusual, incluso para una dictadura bananera, fue heredado con gusto por Nicolás Maduro y los “cancilleres” que ha tenido a su servicio. Los insultos llegan a tal grado de ordinariez que Colombia ha optado por no responderlos, pues sería vano ripostar a tanta provocación.
Ahora Maduro propone restablecer relaciones consulares. El Gobierno de Colombia considera que no sería coherente, pues significaría, de alguna manera, reconocer legitimidad así sea tangencialmente a una dictadura a la que ha condenado en los foros multilaterales hemisféricos.
Es verdad que la historia de las relaciones internacionales, y en eso Colombia no ha sido la excepción, muestra que se mantienen canales de contacto con gobiernos con los cuales las diferencias son irreconciliables, incluso con conflictos militares de por medio. Y existen relaciones diplomáticas y consulares con dictaduras. En nuestro caso, las hay con Cuba, China, Nicaragua, y las hubo con el Chile de Pinochet, la Argentina de la junta militar o el Paraguay de Stroessner.
Con Cuba, por ejemplo, hubo rompimiento de relaciones en los años 80, para restablecerlas en los 90, con una interlocución al más alto nivel. Paradójicamente, la Venezuela del chavismo sigue la línea cubana en casi todo menos en diplomacia. Cuba, siendo una dictadura tan prolongada, actúa con especial cuidado en sus relaciones con otros gobiernos. Hoy en día hay dificultades con Colombia por su amparo a los cabecillas del Eln, pero hay canales.
Con Venezuela, nuestro país y el Gobierno están sujetos no a una relación que se pueda fundamentar en mínimos criterios de profesionalidad diplomática, sino a los imprevisibles cambios de parecer del dictador y su camarilla. Los Estados buscan proteger su interés nacional, el de su población y sus comunidades. El régimen chavista privilegia únicamente el de sus cabecillas.
Las relaciones consulares, en cambio, permiten mantener ciertos servicios que, tanto los colombianos allá como los venezolanos acá, requieren de sus propias autoridades. Hay algunos puntos de vista interesantes de explorar que indican que restablecer algunos consulados no implica reconocer la dictadura, ni convenir con sus trapacerías. El Presidente y la Cancillería deben considerar el tema con serenidad, con la idea precisamente de proteger nuestro interés nacional.
