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Editorial

Liberen la Universidad

Esgrimir la autonomía universitaria para impedir el control del orden público no es correcto. Si bien el ingreso de la fuerza pública debe ser excepcional, hay casos en que debe hacerse.
<span class="priority-content" mlnid="idcon=35236304;order=2.0">Liberen la Universidad</span>
ilustración morphart Publicado el 22 de febrero de 2020

Desde hace varios días hay un instructivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre los procedimientos que se van a seguir, y los pasos para las órdenes que como responsable del orden público en la ciudad va a impartir, cuando se produzcan desórdenes públicos generados desde el interior de universidades públicas y, en concreto, cuando hay de por medio fabricación, uso, activación o manipulación de artefactos explosivos.

El solo anuncio generó el esperable revuelo, y unas primeras manifestaciones de desafío destinadas, sin duda alguna, a medir los alcances de la decisión del alcalde y la firmeza de su propósito. Desde ese primer momento se invocó el principio de la autonomía universitaria como supuesta talanquera constitucional a la habilitación de ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios.

Con toda seguridad el alcalde y los miembros de la Policía tenían, y tienen, entre sus previsiones, una seguidilla de escaramuzas donde grupos encapuchados estarán provocando a las autoridades para activar el ingreso de la fuerza pública, y llegar a la causación de un daño, real o inducido, para escalar el nivel de oposición a la medida y fundamentar las acusaciones de abuso de autoridad.

El jueves pasado ocurrió eso. Hubo que evacuar el campus central de la Universidad de Antioquia y finalmente ingresaron agentes del Esmad de la Policía. Según la información de la Alcaldía, se siguieron estos pasos: 1) Encapuchados tiraron papabombas en la vía pública, rociaron aceite en la calle y cuando llegó el Esmad, se resguardaron dentro de las instalaciones de la Universidad. 2) Los encapuchados tiraron desde adentro de la U. de A, bombas molotov y explosivos a la policía. 3) Se activó el protocolo de intervención, con Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría. 4) Se pidió a las directivas de la Universidad decretar la evacuación, cosa que se hizo. Se avisa por megáfono de helicóptero de la policía que a las 3 p.m. entrará la fuerza pública. 5) Algunos encapuchados seguían activando papabombas y a las 4 p.m. entran el Esmad y agentes de la policía.

De lo anterior las autoridades han divulgado los videos. Nada de lo cual, como era previsible, ha calado a quienes solo tienen ojos y voz para acusar de represión a las autoridades.

La posición del alcalde Quintero, hasta el momento, sigue firme: hay una línea roja que no va a dejar pasar. Él debe velar por la seguridad de todo el territorio, y la autonomía universitaria no resulta desconocida por las medidas de protección al orden público, dentro y fuera de los campus universitarios.

Enfrentará oposición proveniente de múltiples lados, como de políticos oportunistas que edifican su trayectoria en la exacerbación de odios y la destrucción de todas las redes de consenso social. Esas voces son más ruidosas que las de los ciudadanos que valoran a la universidad como campo de saber, de investigación, de debate crítico, de dialéctica intelectual, de paz.

Si los campus universitarios necesitan liberarse de algo es del régimen que los encapuchados quieren imponer, contrario a todos los valores que representa una universidad. Un encapuchado es el máximo contrasentido en los espacios propios del debate y del saber.

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