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Editorial

Líderes sociales: otro año funesto

Defensores de derechos humanos y otros activistas afrontan una inseguridad que la ONU califica de “dramática”. Sus vidas están cruzadas por el miedo y el horror. Para 2019 se exige un cambio.
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ilustración esteban parís Publicado el 14 de diciembre de 2018

A los reclamos bastante difundidos y ciertos de los líderes sociales, respecto de su situación de inseguridad permanente, lo cual deja una estela de asesinatos y hostigamientos cuyo relieve ha sido notorio durante los dos últimos años, se suma el reciente diagnóstico del relator especial de la ONU para el tema, Michel Forst, quien corrobora que la de los activistas colombianos es la situación más grave que ha conocido en su recorrido por varios países.

Es lamentable que quienes asumen liderazgos en materias sociales, políticas, étnicas y de derechos humanos estén en la mira de los grupos armados ilegales, en un cuadro de agresiones que por su reiteración y letalidad, ya configura “una conducta sistemática” de persecución y exterminio.

Una violencia que, de acuerdo con las pesquisas de Forst, quien se entrevistó con unos 200 líderes en diferentes regiones de Colombia, está en aumento. Sus hallazgos los matiza el hecho de que encontró receptividad en el Gobierno Nacional, pero sin dejar de lado la exigencia de que debe implementarse una política mucho más robusta y oportuna de protección a la vida y la actividad de los líderes.

No está en duda el interés del Estado en rodearlos, pero tampoco se desconoce la limitada y débil estructura gubernamental de la que se dispone para garantizarles seguridad.

Hay pasajes en los detalles de la relatoría de Forst realmente dramáticos e inquietantes. Su correría le permitió conocer de cerca la angustia que viven todo el tiempo los defensores de derechos humanos en zonas periféricas en las que actores armados ilegales imponen su ley y ven a los activistas como potenciales “enemigos” de sus intereses.

Este diario ha hecho particular énfasis en la información de seguimiento a la violencia que golpea a los líderes sociales, de manera muy marcada en regiones como el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá. Municipios como Ituango, Tarazá, Cáceres y Caucasia enfrentan la presión de la guerrilla del Eln, de las disidencias de las Farc y de clanes delincuenciales como “el Golfo” y “los Caparrapos”.

En esas áreas los líderes cumplen sus tareas en medio del sigilo y el anonimato, deben cambiar permanentemente de residencia y por esa misma orfandad y terror en que están, sus objetivos y sus acciones en favor de las comunidades se ven desdibujadas. Todo ello en contextos económicos precarios y de gran vulneración de derechos de la ciudadanía, tanto por las amenazas de los ilegales como por la falta de presencia e inversión institucional.

Las palabras de alerta de Forst hay que tomárselas muy en serio, mucho más porque su presencia en el país partió de la solicitud del presidente Iván Duque. Ahora son las agencias estatales involucradas en el tema las que deben incorporar a sus planes 2019-2020 un derrotero para disminuir la violencia contra los líderes, al tiempo que se ejerza justicia efectiva contra los autores materiales e intelectuales de las agresiones y asesinatos de estas personas.

Cauca, Antioquia y Valle, en su orden, son los departamentos con más homicidios de líderes. Ahora corren 60 días para que las entidades oficiales respondan a las recomendaciones surgidas del trabajo de campo del Relator. En pleno siglo XXI, después de desmontar una guerrilla brutal, y haciendo gala de su condición de Estado de Derecho, Colombia no puede permitirse esta matanza aterradora de líderes sociales.

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