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Contra las previsiones, finalmente la Corte Suprema de Justicia logró elegir ayer nuevo fiscal General de la Nación. Requería, en las actuales circunstancias por sillas vacantes, obtener el voto de todos los magistrados en ejercicio. Pues bien, los 16 votaron por Francisco Roberto Barbosa Delgado, quien hasta ahora era alto consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
La Sala Plena de la Corte Suprema cumplió con lo suyo, y otra será la ocasión para apremiarla para que cese esa división interna que impide la elección de los magistrados vacantes. Para lo de fiscal General tenían una terna enviada por el Presidente de la República -integrada por funcionarios del Gobierno- y eligieron a quien consideraron el más indicado para el cargo.
Los magistrados saben bien, como todo el país, la compleja realidad de la Fiscalía General durante los dos últimos mandatos.
El nuevo fiscal Barbosa tiene una destacable hoja de vida, así como una trayectoria en las que ha nadado en varias aguas. Fue un férreo defensor de la justicia transicional y se aplicó, con desigual suerte, en querer convencer de que ella no era un instrumento de impunidad para los guerrilleros que firmaron el acuerdo de La Habana.
También conoce la crisis de la justicia, ya crónica, al punto de que en un escrito de hace algo más de dos años (“Una justicia sin dignidad”, El Tiempo, 25/09/2017) pedía convocar una constituyente para hacer una reforma a la justicia, imposible hasta entonces -y hasta ahora- por el bloqueo aplicado por la Corte Constitucional.
El anterior fiscal en propiedad, Néstor Humberto Martínez, al asumir su cargo denunciaba cifras de impunidad mayores al 95 % en la jurisdicción penal. Hoy la realidad no es muy distinta. La impunidad es el principal desafío de cualquier fiscal General. Prioridad urgente. Y ya luego vendrán las inaplazables: capacitación de fiscales, gerencia para el buen uso de los limitados recursos, optimización de tecnología para la investigación criminal, lucha contra la corrupción -también la interna-, protección a los derechos de las víctimas, énfasis en la protección de la niñez y resultados en el componente judicial investigativo de delitos de violencia contra las mujeres, y desentrañar el origen de los asesinatos de líderes sociales.
Y, cómo no, asegurar que sea posible la presentación de denuncias ante la Fiscalía, pues las barreras de todo tipo que encuentra el ciudadano son injustificables. Decía Barbosa en su presentación de diciembre ante la Corte Suprema, que no iba a ser el fiscal del búnker, sino el fiscal del territorio. Ojalá lo cumpla.
Tendrá enorme poder y deberá tener muy bien puesta la cabeza para entender cuál es su función, dónde está su sitio y no contagiarse, como algunos de sus antecesores, de ese síndrome de omnipotencia que les hace cruzar los cables y sentirse llamados a injerir en las funciones de los demás poderes.
El nuevo fiscal General, que asume para un mandato completo de cuatro años, tiene ante sí un panorama plagado de impunidad y corrupción que, si bien no va a resolver, sí podrá aminorar en cuanto su disposición sea trabajar rectamente, con temple, independencia, y ceñido a las atribuciones que le conceden la Constitución y la ley .