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No ha terminado 2019 y van 63 exintegrantes de las Farc asesinados de enero a la fecha. Cifra preocupante por lo que significa para la continuidad de los acuerdos y del proceso de reinserción. Volver a la vida civil para enfrentar esta amenaza, por supuesto, plantea dilemas para quienes quieren apostarle a la paz. Pero hay que tener cuidado a la hora de señalar autores y descargar toda la responsabilidad sobre las medidas de seguridad y garantías que el Estado debe otorgarles a los desmovilizados.
Hay violencias cruzadas en el origen de estas muertes que parecieran derivar de una acción sistemática, pero que se originan en dinámicas territoriales diversas, en cuanto a los grupos irregulares presentes, las tipologías delincuenciales de la ilegalidad y otras fuerzas enemigas del proceso de paz.
Caer en la trampa de los unanimismos y las versiones absolutas sobre la autoría intelectual y material de estos asesinatos, es tan equivocado como no entender los mapas regionales en los cuales se escenifican hoy las disputas de bandas y disidencias, y de otros poderes mafiosos (de la coca, la minería criminal y los políticos corruptos emparentados con parapoderes que se resisten a aceptar los acuerdos y la vida civil, comunitaria y política de exmiembros de las Farc).
En Antioquia, por ejemplo, EL COLOMBIANO dio cuenta el fin de semana, en un amplio informe, sobre la manera en que las disidencias de los frentes 36 y 18 están imponiendo reglas a la vida cotidiana de los campesinos de la vereda El Palmichal, en Briceño.
Citaron a una reunión a 200 personas y fijaron multas por no cumplir “su” toque de queda diario de 8 de la noche a 5 de la mañana. Anunciaron cobros de 50 mil pesos a quienes no asistan a las reuniones que “convoquen”.
En Cauca, los indígenas de la amplia comunidad Nasa, que reúne a varias etnias, señalan a las disidencias de asesinar a sus líderes y guardias, por no aceptar reglas que atienden a los intereses del narcotráfico con sus cultivos ilícitos y un circuito económico atravesado por el modus operandi de la ilegalidad.
En Antioquia y en Cauca los lugareños reclaman mayor presencia y respuesta del Estado. “La gente de Briceño está desempleada, sin economía. El campesino necesita prontitud. El Gobierno tiene voluntad, pero nada de agilidad para las inversiones”.
En Cauca, el presidente Iván Duque anuncia medidas de choque, tanto en seguridad como en un plan social que desligue la vida comunitaria del espectro mafioso que hoy quiere dominar y someter a los pobladores a los intereses de estructuras transnacionales del narcotráfico.
Hay algunos casos de asesinatos de desmovilizados que involucrarían a agentes del Estado, que deben ser investigados, pero con una Fiscalía acéfala no se investigan y resuelven con la celeridad necesaria.
Ya Naciones Unidas y las misiones que verifican el cumplimiento de los acuerdos han exigido mayor protección para los reinsertados. El presidente Duque ha sido insistente en que tiene la determinación de proteger a quienes asumieron el compromiso firme de abandonar las armas y la violencia, y construir un proceso de paz con el resto de la sociedad y las instituciones.
Para ello es necesario que se neutralice a un actor determinante en esta oleada de asesinatos: las disidencias guerrilleras. Así como a otros grupos que pescan en este río revuelto de la intolerancia y el deseo de frustrar la búsqueda de la convivencia, el robustecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.