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La investigación por el asesinato de Miguel Uribe acaba de entrar en un terreno todavía más inquietante. Hasta ahora sabíamos quién disparó –el adolescente de 15 años–, quién consiguió el arma y organizó parte de la operación –Élder José Arteaga, alias Chipi–, quién sirvió de enlace con quienes ordenaron el crimen –Simeón Pérez, alias El Viejo– y quién impartió la orden –según la Fiscalía, alias Zarco Aldinever, un mando de la Segunda Marquetalia–.
Ahora aparece un indicio perturbador: que quienes planearon el magnicidio hubieran conseguido penetrar a los escoltas del entonces senador y candidato presidencial. La Fiscalía investiga a dos miembros del esquema de seguridad de Uribe porque sus teléfonos registraron coincidencias de ubicación, en dos ocasiones antes del atentado, con el de alias El Viejo, ya condenado. La hipótesis que explora la Fiscalía es si en efecto hubo reuniones y si de ellas salió información sobre los movimientos de Uribe.
Hay más. Dentro de la investigación apareció el testimonio, aún sujeto a verificación, según el cual alias Chipi, uno de los logísticos del atentado, tendría registrado en su teléfono un contacto identificado como “escolta del senador”.
Nada de esto demuestra todavía la complicidad de los escoltas. Son apenas indicios, no condenas, pero son graves. Si se comprobara que personas encargadas por el Estado para proteger a Miguel Uribe entregaron información a quienes preparaban su asesinato, ya no estaríamos únicamente ante fallas de un esquema de seguridad.
Y eso obliga a recordar un detalle especial ocurrido ese fatídico 7 de junio de 2025. Horas después del atentado, casi a la medianoche, el entonces presidente Gustavo Petro dijo algo que hoy merece volver a escucharse con atención: “Sospechas tenemos todos. Yo tengo las mías”. Habló de los patrones históricos de los asesinatos de dirigentes políticos, de menores utilizados como sicarios, de autores intelectuales y de organizaciones que buscaban “cooptar el Estado para que el Estado sirva al crimen”.
Más adelante hizo una referencia todavía más particular: “Los primeros que tenemos que protegernos de la venganza somos nosotros mismos, los que dirigimos el Estado”. Y agregó: “Si la gente del Estado no se deja llevar de la venganza, Colombia tiene una oportunidad”.
¿Qué quiso decir exactamente el Presidente? En aquel momento, poca atención se le prestó a esas frases que hoy, después de conocerse que la Fiscalía investiga una posible infiltración del esquema de protección de Miguel Uribe, adquieren una resonancia diferente.
No se trata de insinuar que Petro conociera información sobre una participación de funcionarios del Estado. No existe evidencia pública que permita sostener algo semejante. Por eso la pregunta debe ser clara: ¿cuáles eran esas sospechas que dijo tener aquella noche? ¿A qué se refería cuando habló de la posibilidad de que “el crimen cooptara al Estado”?
Después, durante meses, Petro señaló al menos siete posibles responsables del asesinato y al final decidió que era una supuesta “Junta del Narcotráfico”, de carácter internacional que, según él, tendría intereses en desestabilizar Colombia.
La investigación de la Fiscalía, sin embargo, tomó otro camino. Después de nueve meses, la fiscal Luz Adriana Camargo anunció que la orden de asesinar a Miguel Uribe provino de la Segunda Marquetalia, alias Zarco Aldinever impartió la orden y El Viejo los conectó con la estructura criminal que ejecutó el atentado. Camargo dijo que la Fiscalía no encontró evidencia de la existencia de aquella “Junta del Narcotráfico”.
¿Por qué Petro insistió durante tanto tiempo en una organización cuya existencia no pudo establecer el órgano encargado de investigar el magnicidio? ¿Quién le habló de aquella junta? ¿Por qué esa hipótesis terminó desplazando públicamente durante meses la atención sobre la Segunda Marquetalia?
Y todavía permanece sin resolverse la pregunta fundamental: el móvil. La Fiscalía habla de un propósito de “desestabilizar la democracia” y de razones “político-instrumentales” relacionadas con la condición de senador y precandidato presidencial de Miguel Uribe.
¿Por qué una organización como la Segunda Marquetalia decidió pagar y desplegar una operación de meses para asesinar precisamente a Miguel Uribe? ¿Por qué eliminar a un precandidato presidencial que para entonces se perfilaba como el llamado a ser el candidato del uribismo en las elecciones? ¿Qué resultado político esperaba obtener la organización con su muerte?
Sería gravísimo descubrir que el asesinato de Miguel Uribe tuvo como propósito intervenir en la sucesión presidencial de 2026. No puede afirmarse todavía. Pero tampoco puede descartarse bajo una explicación de “desestabilización”.