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El aparato productivo de un país es como un árbol: no basta con sembrarlo y esperar a que crezca; hay que regarlo y abonarlo para que se haga frondoso y produzca. El símil viene a cuento por lo que está ocurriendo en el gobierno de Gustavo Petro con la inversión y las empresas privadas.
La caída que estamos viendo en los indicadores de inversión privada da cuenta de que el bosque de la producción, que hasta hace poco se veía verde y vibrante en Colombia, empieza a mostrar síntomas de sequía.
Según cifras del Banco de la República, la inversión extranjera en el país cayó 21% en los dos primeros meses de este año, al ubicarse en 1.296 millones de dólares, el nivel más bajo en los últimos cuatro años. Al revisar el comportamiento de 2025, la situación es aún más preocupante: el desplome fue de 16%, siendo los recursos provenientes de Estados Unidos los más afectados, con una caída del 38%.
Si se observa la tendencia de los últimos años, es evidente que los inversionistas están perdiendo interés en Colombia. En los cuatro años del actual gobierno, la inversión extranjera ha caído 33,2%, al pasar de una cifra récord de 17.182 millones de dólares en 2022 a 11.469 millones en 2025.
La industria manufacturera también está en retroceso: su producción cayó 0,5% en enero de este año, mientras que las ventas disminuyeron 0,7%. De 39 actividades industriales, 22 reportaron variaciones negativas. Además, la participación de la manufactura en el PIB se redujo al 11% en 2025, su nivel más bajo en dos décadas. No se trata solo de cifras coyunturales: es una señal estructural de debilitamiento productivo.
Estos datos contrastan con la decisión del Gobierno de recargar aún más la carga tributaria sobre las empresas. Como si no fuera suficiente con una tarifa de renta del 35% —una de las más altas a nivel mundial—, nuevamente el sector privado pagará los platos rotos del mal manejo y el despilfarro de recursos en una administración que se resiste a hacer ajustes en el gasto.
El Gobierno expidió una nueva avalancha de impuestos, amparado en la tercera emergencia económica decretada por las inundaciones en Córdoba, reviviendo en la práctica tributos que ya habían sido cuestionados y suspendidos por la Corte Constitucional en un episodio anterior.
Entre ellos está el impuesto al patrimonio, un gravamen que ahuyenta la inversión y castiga la acumulación de capital. Se estableció una tarifa del 1,6% para los sectores minero y financiero y del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos. Además, se incluyen como contribuyentes las sucursales y establecimientos permanentes de empresas extranjeras. Miles de compañías tendrán que hacer ajustes de caja para cumplir con este impuesto, pagadero en dos cuotas: la primera el 1 de abril y la segunda el 4 de mayo. ANIF proyecta que este tributo recaudaría $6,3 billones. La pregunta es inevitable: ¿lo logrará el Gobierno o terminará expulsando aún más inversión?
La preocupación es tal que incluso las universidades privadas han encendido las alarmas. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) demandó el decreto del impuesto al patrimonio por considerarlo inconstitucional, advirtiendo que pondría en riesgo los recursos para la educación superior. Según el gremio, el impacto sería de 135.000 millones de pesos para 80 universidades privadas, lo que podría traducirse en mayor costo de matrículas.
A este panorama se suma que durante estos años, el presidente ha calificado a los empresarios como “oligarcas” y “esclavistas”, desconociendo su papel en la generación de empleo, inversión y crecimiento. No es solo un problema tributario: es un problema de confianza.
Con condiciones tan adversas, resulta difícil de entender que se sigan exigiendo mayores sacrificios al sector privado, mientras los colombianos observan cómo persiste el despilfarro del gasto público y cómo el Gobierno parece dispuesto a recurrir a cualquier fuente de recursos en plena coyuntura electoral. La política fiscal, en lugar de ser un instrumento de estabilidad, se ha convertido en una herramienta de urgencia.
Más aún cuando existen fuentes extraordinarias de ingresos. Las utilidades del Banco de la República, cercanas a los 14 billones de pesos, y un precio del petróleo que se ha mantenido por encima de los 90 dólares, han generado recursos adicionales no previstos inicialmente. En ese contexto, no hay justificación para seguir exprimiendo al sector productivo, convertido en el “trompo de poner” del Gobierno.
Y como si no fuera suficiente, el presidente anunció que a partir de julio presentará una nueva reforma tributaria al Congreso, en un intento por tapar los huecos fiscales que deja su propia gestión. En lugar de corregir el rumbo, se insiste en profundizar la misma receta.
El resultado es claro: un entorno hostil para la inversión, una economía que pierde dinamismo y un Estado que, lejos de promover la creación de riqueza, parece empeñado en castigarla.
Este gobierno pasará a la historia no por haber construido confianza o crecimiento, sino por haber reinstalado la lógica del alcabalero: cobrar más, producir menos y, al final, empobrecer a todos.