Las matanzas en calles y despoblados, el dominio de los clanes mafiosos en estados como Sinaloa y Jalisco, el asesinato de periodistas y de mujeres, por razones de su oficio y su género, en el contexto de una tasa de homicidios que a octubre 31 alcanzó 29.574 muertes violentas, pone una lupa de preocupación sobre este gigante de norte y centro América.
México ocupa un lugar muy importante en el corazón del continente y de su vida económica, política y cultural. De ahí las preocupaciones. En su campaña y su llegada a la presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) anunció la búsqueda de vías de diálogo para no continuar la guerra abierta contra los carteles de la droga, declarada por su antecesor Enrique Peña Nieto.
Pero la impunidad, del 99 %, según ONG de derechos humanos, y la confrontación entre las estructuras del narco y de estas con el Estado se mantienen. México no logra encontrar fórmulas ni políticas ni represivas para aminorar las violaciones a los derechos humanos de la población civil ajena a los clanes mafiosos y a las filas oficiales.
Las estadísticas muestran una violencia con tendencias crecientes desde 2014. A cada año, se superan ignominiosas marcas de homicidios. 2019 no parece ser la excepción: las progresiones alertan sobre un año que podría rebasar la barrera de 37.000 homicidios.
Pero hay otros fenómenos paralelos que también afectan la vida cotidiana: es marcado el poderío militar de los carteles en estados como Sinaloa y Jalisco, centro de operaciones de dos de los principales grupos del narcotráfico. Su actitud retadora se desbordó en octubre pasado cuando en la ciudad de Culiacán comandos del cartel de Sinaloa obligaron a la Fuerza Publica a dejar libre a Ovidio Guzmán, hijo y heredero del Chapo Guzmán, preso en EE.UU.
Hubo tiroteos y amenazas de retaliaciones de los sicarios contra los civiles. Amlo y su gobierno se enfrentan con estructuras mucho más fuertes y una violencia más compleja de lo que pensaban.
Se desconoce si pueda estar avanzando algún tipo de acercamiento con los narcos, de alta confidencialidad y celosamente guardado por los voceros oficiales, pero hasta ahora, en la práctica, los asesinatos y los atropellos siguen.
En ese contexto, hay graves denuncias frente al comportamiento de las patrullas fronterizas contra los migrantes que llegan por miles de Honduras, Guatemala y El Salvador. Van 158.200 extranjeros detenidos en 2019 (98 % centroamericanos), 46 mil de ellos niños y adolescentes. Entre tanto, arrecian los asesinatos por razones de género: en 2018, los homicidios de mujeres sumaron 3.548. Amnistía Internacional asegura en un informe que el 66 % de las niñas y mujeres ha sufrido al menos una agresión en su vida por razones de su condición femenina.
Las detenciones arbitrarias por parte de agentes de seguridad y las desapariciones por parte de bandas y grupos paramilitares se mantienen. Casos como el de los seminaristas de Ayotzinapa continúan en la impunidad y son una ofensa a los reclamos de justicia de la sociedad civil.
Desde 2017, el país ocupa el segundo lugar del continente en asesinatos al año, después de Brasil, y tiene una tasa de homicidios que fluctúa entre 24 y 25 por cada 100 mil habitantes. A América y al mundo les preocupa México. Por asuntos de humanidad, pero también por su enorme valor e influjo regional.
