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El atentado contra el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Ómar García Harfuch, y la masacre de 24 adictos a las drogas en un centro de rehabilitación son los extremos de una misma cuerda: el interés de los carteles del narcotráfico por intimidar a las instituciones y funcionarios de seguridad y por aterrorizar a la población civil en sus zonas de influencia. Ataques selectivos y matanzas en medio de la cuestionada estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López contra las mafias.
Las cifras de homicidios en ese país han crecido el 8 por ciento, en relación con el pasado período presidencial de Enrique Peña Nieto, calificado como el más adverso en la historia reciente de la violencia. El lema de López Obrador de “abrazos en vez de balazos”, de acuerdo con estas estadísticas, se convierte en un enunciado de esperanzas sin efectos.
Los analistas advierten que aunque el gobierno mexicano intenta enviar un mensaje positivo, “los números duros y puros dicen otra cosa”. Entre las promesas de AMLO estaba minimizar la penetración de la corrupción del narcotráfico entre servidores públicos y avanzar en un ambiente de reconciliación, sin medidas de represión verticales ni guerras declaradas por el Estado, como en anteriores gobiernos.
Pero clanes mafiosos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más temidos y emergentes hoy en ese país, han puesto en práctica incluso estrategias sicariales para introducir el terror en el Distrito Federal mediante la “subcontratación” de pistoleros como los que atacaron a García Harfuch el 26 de junio en la capital. Armados con material de guerra: lanzagranadas, fusiles de asalto (entre ellos los poderosos Barret .50), bombas molotov, y más de 2.500 cartuchos de munición.
Analistas advierten que no hay interés de los carteles por “tomarse el DF”, donde hay una estructura de vigilancia fuerte, sino por crear un ambiente de pánico e intimidación como respuesta a la captura de algunos de sus jefes y como advertencia de su capacidad de golpear el centro del poder gubernamental.
Hay, además, un afán de los carteles por desmoronar la moral de lucha de funcionarios que, como García Harfuch, han mostrado un alto compromiso en el combate al crimen organizado.
La oposición política mexicana critica duramente a AMLO por haber desmantelado programas gubernamentales que habían mostrado resultados favorables, y por su incapacidad incluso para frenar fenómenos como la violencia y los homicidios contra las mujeres.
Todo esto en un contexto de violencia desbocada con desafíos del tamaño del atentado a García Harfuch y las masacres de drogadictos. O la aparición las últimas dos semanas de junio de 25 cadáveres en vías de Sonora y Zacatecas. Marzo tuvo una marca histórica de homicidios: 2.585; es decir, 86 asesinatos diarios.
López Obrador insiste en obviar el otrora lenguaje de “guerra contra el narco”, pero las cifras de criminalidad dejan sin piso sus mensajes de reconciliación y lucha de contenido social contra los fenómenos de criminalidad. Y aunque habla de paz, el presidente puso en manos del Ejército el grueso de las funciones de choque de la policía contra los carteles, en una contradicción de conceptos evidente.
México continúa el largo recorrido de su violencia, sin encontrar en el actual gobierno una fórmula que apague las llamas en las calles.