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Fundamental, en un contexto de crisis climática, con graves efectos para la humanidad y el planeta, que la justicia se haya puesto del lado de la protección de la naturaleza, declarando “sujetos de derechos” a distintos ecosistemas para garantizar su protección, conservación y frenar su destrucción por sistemas intensivos e irregulares de explotación.
La iniciativa no es exclusiva de Colombia, en diferentes estrados legislativos, constitucionales o judiciales, esta corriente ha alcanzado éxito en Europa y economías emergentes, como estrategia de conservación ambiental.
La naturaleza, los animales, silvestres y domésticos; los ecosistemas, ríos, lagos, selvas, humedales, dejan de ser mirados como objetos, para tratarlos como sujetos, con interlocución, territorios y atributos jurídicos.
La adopción del enfoque ecocéntrico en Colombia, por vía judicial, se basa en la Carta Política de 1991, la cual adoptó la forma de Constitución Ecológica, creando bases jurídicas para un nuevo pacto con la naturaleza. El punto de inflexión de la Carta está en la apertura de modelos de participación ciudadana, dotada de herramientas transformadoras de patrones establecidos en la jurisprudencia ambiental, a través de la Acción Popular, Acción de Grupo, Acción de Tutela y otras, utilizadas hoy por personas y grupos ciudadanos contra la indiferencia y la falta de acción del Estado frente a la conservación y promoción de los recursos naturales y la biodiversidad nacional, segunda más importante del mundo, con alrededor de 50.000 especies inventariadas.
Más allá de las normas, las polémicas regionales y nacionales, en pro y contra de las decisiones judiciales, el desafío está en el seguimiento continuo al impacto y efectividad de las medidas desde un modelo de participación ciudadana, manejo sostenible, dinámico, con educación ambiental para todas las comunidades, creación de políticas públicas bajo parámetros de sostenibilidad.
Desde 2016, cuando la Corte Constitucional, Sentencia T 622, reconoció como “sujeto de derecho al río Atrato” y ordenó la conservación del agua, su cuenca y afluentes, a cargo del Estado, la justicia ha fallado en esa misma dirección por la defensa de otros 11 ecosistemas, entre ellos los ríos Cauca, Magdalena, Combeima, Cócora; Amazonia colombiana, valle del Cócora, Quindío; Parque Nacional y Natural de los Nevados y la Laguna de Tota, esta última la semana pasada por petición de la Procuraduría, debido a los altos niveles de destrucción y contaminación de sus aguas y entorno por efectos de un turismo desbordado.
Solo del agua que nace en estos ecosistemas, para luego irrigar la geografía nacional, dependen los acueductos y la seguridad alimentaria de millones de personas en el país. La Amazonia es clave en la salud del planeta, el parque de los Nevados es fundamental para la adaptación al cambio climático, al albergar el complejo volcánico de los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima, y los paramillos del Cisne, Santa Rosa y Quindío.
Cada uno de estos santuarios naturales cumple un rol esencial para la vida humana y natural. No se trata de una defensa a ultranza, el país debe tener claro cómo debe ser el manejo de su riqueza natural, cuáles de sus recursos y áreas pueden utilizarse con fines productivos y bajo qué parámetros ambientales.
Válido que el mundo esté girando de una visión antropocentrista a una ecocentrista de los recursos del planeta porque no existe otra posibilidad de que haya un cambio frente a los modelos de relacionamiento con los mismos.
Esto es un vuelco a la tendencia de desarrollo desaforado, las políticas de relacionamiento territorial, los enfoques y miradas de largo plazo sobre el futuro de la tierra y todas su biodiversidad. No puede continuar haciendo carrera la relación utilitarista del planeta solo en función del bienestar del hombre. Disfrute humano sí, pero con sostenibilidad y respeto por la naturaleza.