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Este viernes, en 57 ciudades colombianas y extranjeras, miles de personas marcharán en defensa del derecho a la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, sometidos a una campaña sistemática de exterminio, que se agudizó luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, en 2016.
La cifra de víctimas es escalofriante y prueba del desprecio por la vida de quienes están detrás de las amenazas, desplazamientos y homicidios de personas dedicadas al trabajo comunitario, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, sindicales y colectivos; la defensa de la mujer, las minorías étnicas y comunidades LGBTI.
También contra los desmovilizados de las Farc y la implementación del acuerdo de paz.
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la gravedad de este plan genocida sostiene que, tras la firma de la paz con las Farc, han sido asesinados más de 500 líderes sociales. Los últimos diez de ellos, desde el pasado 23 de junio cuando Colombia fue sacudida por el grito de espanto de un niño de nueve años, testigo del acto sicarial que acabó con la vida de su madre, la lideresa social María del Pilar Hurtado, episodio ocurrido en Tierralta, Córdoba; llanto desgarrador de desesperanza el cual motivó al “Movimiento Defendamos la Paz”, a promover la marcha.
Como antecedente de la misma aparece la realizada el 5 de julio de 2018, cuando miles de personas, en distintas ciudades del mundo, se unieron para reclamarle al Estado por la matanza de los líderes sociales, la falta de garantías de seguridad para ellos y los pronunciamientos descontextualizados de algunos de sus ministros sobre los mismos.
Numerosos son los análisis, investigaciones especializadas, reportajes periodísticos e informes tratando de esclarecer el porqué de este capítulo de la infamia y retroceso en el proyecto de reconciliación entre los colombianos. Las conclusiones son múltiples.
El gobierno reconoció que existía “sistematicidad” en esos asesinatos. Gran mayoría de las víctimas baleadas en sus casas, zonas cercanas a las mismas o puestos de trabajo, hecho que prueba la forma coordinada y selectiva de los ataques.
Contrario a los años 80 del siglo pasado, cuando en otro episodio criminal contra líderes sociales y el partido político Unión Patriótica, que fue exterminado, en el genocidio actual no aparecen agentes estatales como inspiradores o instigadores de la matanza.
Los autores se enmarcan en una amalgama de agentes ilegales, dispuestos a eliminar cualquier voz que les sea adversa a sus intereses. Estos, en buena parte, ocupan las zonas que “gobernaron” las Farc y territorios sin mayor presencia estatal en campos y ciudades, copados para el tráfico de drogas, armas, contrabando, minería ilegal y la privatización del espacio público y toda actividad que se realice en el mismo, a través de la extorsión generalizada.
En este escenario de terror y miedo se ha demostrado que el paramilitarismo, un flagelo que persiste como “narcoparamilitarismo”, aparece como principal ejecutor de los atentados. Otros agentes criminales son el Eln, las disidencias de las Farc y el Epl.
Todos los partidos en el Congreso, iglesias, expresiones de la sociedad civil, funcionarios públicos y privados; colectivos y ciudadanos de a pie se sumarán. El alto gobierno, con el presidente Duque a la cabeza, también lo hará.
La marcha no admite oportunismos de ningún color ni partido político. Se trata de defender a los líderes sociales y su labor, destacada por un país pluridiverso, respetuoso de los derechos ciudadanos, la Constitución y las libertades democráticas.