Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
La semana pasada se archivó en el Congreso la propuesta de reforma a la salud (Proyecto de Ley 010 de 2021). Dicha reforma se cayó, hay que decirlo, por la combinación de dos hechos fundamentales: el oportunismo político frente al paro, y algunas debilidades del proyecto. Ese oportunismo quitó la posibilidad de discutir la ley, de lograr acuerdos y consensos; esto es grave para el Congreso y el país en una democracia como la nuestra.
El oportunismo, combinado con cierto tufillo populista, surge cuando el retiro de la reforma a la salud es un punto de exigencia del paro actual y entonces se asume como si fuera un rechazo generalizado al sistema de salud en Colombia. Esto está asociado obviamente con las viejas ideas de volver a un sistema de salud centralizado y público, lo cual constituiría un retroceso significativo.
El proyecto contenía aportes valiosos para el sistema colombiano de seguridad social; se destacaba, por ejemplo, la propuesta de un modelo integrado de servicios a nivel territorial, conjuntamente con una mejor conexión de la atención de los riesgos de salud con la salud pública y salubridad. Ojalá que estos componentes puedan ser incorporados a partir de desarrollos legales, vía decretos, con base en las normas existentes.
Por otro lado, el proyecto tenía vacíos, tales como la necesidad de revisar la descentralización del sector salud en Colombia, reformando alguno de los artículos de la ley 715 de 2001. El proyecto proponía una unificación definitiva del régimen subsidiado y el régimen contributivo, pero mantenía los regímenes exceptuados, lo cual no resulta ni solidario ni equitativo, salvo en el caso de las Fuerzas Armadas por su carácter particular. Quizás la falla más grande del proyecto de ley era el debilitamiento del aseguramiento, pues al introducir el giro directo a los prestadores de los servicios se desliga el riesgo de salud del financiero en la gestión de los recursos lo cual elimina los incentivos a una adecuada y eficaz gestión de los mismos.
Hace varios años el editor de The Economist decía que le llamaba tremendamente la atención que Colombia era poco consciente de sus logros y avances. Eso pareciera ser cierto en el caso de nuestra incapacidad para reconocer las grandes bondades y resultados del sistema general de seguridad social en salud; los dogmatismos y las ideologías buscan ocultar estos para proponer de modo populista, y como panacea, un sistema solo público como el que tuvo Colombia antes de los 90 del siglo pasado, con pésimos resultados.
Algunos de los logros, con evidencias, más importantes del sistema de salud colombiano son: la cobertura de salud en Colombia en la década de los 90 era cercana al 55 %; a finales de la década 2020 este porcentaje era cercano al 97 %. Se han logrado cerrar importantes brechas que existían antes en cuanto al acceso entre las poblaciones de mayores y menores ingresos, y esto está asociado con uno de los datos más importantes y destacables sin duda, que es el bajo “gasto de bolsillo per cápita en salud” en el que tienen que incurrir los colombianos cuando se compara con el resto del mundo, lo cual demuestra sencillamente que los hogares en Colombia están más protegidos contra eventos catastróficos de salud que una gran cantidad de países, incluyendo muchos de los países desarrollados.
Colombia, por ejemplo, ha sido señalado como uno de los países con una de las más bajas tasas de mortalidad evitable asociada a mala calidad de los sistemas de salud. Igualmente son notables varios resultados en salud pública (vacunación neonatos, prevalencia de enfermedades como el zika, etc.).
Los retos próximos son la financiación del sistema dado el aumento en el gasto por mayor demanda de salud y cambio tecnológico sumado a la intervención creciente del sector judicial, y la incidencia en mortalidad de algunas enfermedades de alto costo, y en especial, los que vendrán en materia del poscovid-19, lo cual requerirá sin duda de un sistema fortalecido construyendo sobre lo construido, y eso sí, a partir de ámbitos abiertos de discusión, concertación y consensos que son propios de las democracias