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Otro episodio de vergüenza, un hito más en una larga espiral de abusos de poder y atropellos a la democracia y a los demócratas, escenificó la dictadura chavista el pasado domingo. Para ese día estaba prevista la elección de la mesa directiva del único órgano que conservaba la legitimidad de las urnas, la Asamblea Nacional (poder legislativo) que, no obstante haber sido despojada de sus competencias de forma inconstitucional, todavía resistía los zarpazos del régimen dictatorial.
El cargo de presidente de la Asamblea Nacional es de una importancia esencial para Venezuela, no solo si se estuviera bajo un régimen constitucional de normalidad, sino más en los últimos tiempos, cuando, según las disposiciones de la Carta Política vigente –la de Hugo Chávez– es quien ostente ese cargo el llamado a asumir el poder Ejecutivo, en interinidad, cuando circunstancias excepcionales impidan que un presidente legítimo ocupe la Jefatura del Estado.
Hace un año fue elegido el diputado opositor Juan Guaidó, quien luego, ante el evidente fraude electoral de Nicolás Maduro en una farsa de elecciones a las que citó de forma anticipada, fue proclamado por la Asamblea como presidente interino. Y esa calidad le fue reconocida por decenas de Estados y organismos internacionales.
El pasado domingo debería efectuarse la votación para reelegir a Guaidó. Él y los suyos esperaban toda clase de tretas del régimen de Maduro y no se equivocaron. La dictadura lleva meses hostigando a los representantes de la oposición. Varios de ellos han denunciado públicamente los intentos de abierto soborno que les hacen fichas del régimen, y todo parece indicar que lo lograron con varios.
Aparte de los desafíos mayúsculos que enfrenta la oposición, hay uno muy grave, y es su propia fractura interna. Las ambiciones de varios dirigentes y las trampas en las que han caído, tendidas por Maduro y sus cómplices, más los presuntos actos de corrupción en los que se han visto envueltos, han generado que los pasos que habían dado Guaidó y sus asesores desde hace un año hayan tenido un dramático retroceso, dejándose ver ya que la vital participación y solidaridad internacional ha perdido fuelle.
Ahora el chavismo quiere imponer un remedo de votación, hecha contra todas las normas reglamentarias, para entronizar a un diputado, Luis Parra, que tiene a sus espaldas varios cuestionamientos por corrupción. Aunque ha sido dirigente de la oposición, ha pasado a engrosar la lista de cómplices de la dictadura. Su indigna conducta es tan penosa como atrabiliaria la actuación de las fuerzas policiales subordinadas al régimen, de prohibir la entrada al recinto del poder legislativo a los diputados leales a Guaidó –y a éste mismo, que intentó infructuosamente trepar por una reja– para que adentro se consumara la farsa de los usurpadores.
La flagrante violación a los derechos de la oposición se topará con la complicidad de los órganos de justicia, todos súbditos y obsecuentes con la dictadura. En Venezuela no hay control judicial, ni otra instancia independiente, ni más norma aplicable que las arbitrariedades de Maduro y su camarilla.
Varios países, entre ellos Colombia, formalizaron en estos días su reconocimiento a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y otros de ellos le reiteraron su beneplácito como presidente interino. A los venezolanos que aun resisten dentro estas declaraciones les dan algo de moral pero todos saben que su vida diaria seguirá siendo un caos bajo la dictadura que no afloja y que desafía al mundo democrático con la certeza de que nada de lo que haga les está acarreando consecuencias efectivas a sus cabecillas.