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La reserva hídrica que guardan los páramos de Colombia está al orden del día dentro de las nuevas delimitaciones hechas por los ministerios de Ambiente y Minas, en especial porque de las licencias mineras, el 40% de ellas está en municipios con ecosistemas de páramo.
Se trata de 2 millones 900 mil hectáreas de páramos en el país, equivalentes al 49% de este tipo de hábitats en todo el mundo. Somos una potencia. Ni más ni menos. Y de esa superficie, hay 800 mil hectáreas que son del sistema de áreas protegidas.
Santurbán, entre los santanderes, es uno de los páramos que está en el ojo de las polémicas recientes. Los ambientalistas critican que los nuevos mapas del Gobierno hayan delimitado su territorio de 129 mil 743 hectáreas a 98 mil 954, solo el 76% de la superficie “original”. A su juicio, más que una “delimitación” hubo una “reducción” para dar paso a proyectos mineros.
La actividad minera hoy es un importante renglón de la economía nacional, pero su manejo laxo, según los ambientalistas, pone en riesgo reservas naturales clave del país.
El Gobierno defiende sus decisiones: “Lo que no podemos olvidar -ha dicho el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo- es que en esa parte del territorio se han desarrollado actividades mineras con títulos y licencias ambientales actuales”.
No solo se trata de poderosas multinacionales del oro, del platino y de los hidrocarburos. También hay cerca de 450 pequeños proyectos de minería asentados en áreas cercanas a los páramos.
Las cuentas sobre la reserva acuífera de esos ecosistemas, entre los 2.800 metros y los 4.400 metros, son dicientes: si bien corresponden al 2% del territorio nacional, surten de agua al 70% de la población. Si uno de los asuntos cruciales de la riqueza de la humanidad de los próximos 50 años será el agua, es urgente que haya un debate permanente y a fondo, en todas las esferas de poder, sobre el manejo que debe dársele a semejante patrimonio.
Es necesario encontrar puntos de equilibrio en el tratamiento ambiental y económico de los 36 complejos de páramos del país, en los cuales viven 400 mil personas que obtienen sus ingresos de la agricultura, la ganadería y la minería. El medio esperable entre el interés de generar recursos y empleos, pero también bajo la exigencia de licencias tramitadas con rigor para no producir daños medioambientales irreparables, con costos y efectos adversos sobre otras fuentes indispensables de vida como el agua y los bosques nativos.
En Santurbán, que corresponde en un 28% a Santander y en un 72% a Norte de Santander, habitan 42 especies de aves y otras 39 de mamíferos. Solo en el primer departamento mencionado hay, según el Comité para la Defensa del Agua, 35 mil hectáreas en concesión para proyectos mineros. “Eso no podemos permitirlo”, dice Álix Mancilla, portavoz del organismo.
Ahora, desde el Congreso, se alientan otras dos iniciativas: las regalías ambientales para municipios con páramos y que se den dos años de plazo para que culminen actividades mineras dañinas. Ello con el ánimo de reparar el deterioro causado al medioambiente y para delimitar de nuevo y redefinir las explotaciones, sin invadir por supuesto el núcleo de aquellos santuarios.
Los defensores de los recursos naturales, y el país en general, esperan ver un Gobierno y un Congreso conscientes y responsables frente a las riquezas en juego.