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El 24 de noviembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo de paz entre el Estado colombiano y las Farc. Una ocasión sin tanta pompa como la que le precedió en Cartagena en septiembre del mismo año, en la cual se firmó aquel texto que, para gran sorpresa del gobierno de entonces, fue derrotado en plebiscito del 2 de octubre.
Pasados siete años, la más grandiosa de las promesas de aquel evento definitivamente no se cumplió: la promesa de la paz. Increíblemente hoy, pasados siete años, nos vuelven a hablar de paz, y nos vuelven a decir, qué hay que negociarla. Como nos han dicho tantas veces en la historia de Colombia, que la sociedad civil tiene que ceder otra vez, que tiene que hacer el esfuerzo para que los actores armados dejen su vida criminal.
¿Pero, antes de hablar de un nuevo proceso, vale la pena preguntar en esta coyuntura qué ha hecho el gobierno de Gustavo Petro por la implementación del proceso de paz con las Farc? No mucho. Por el contrario han sido más los desaciertos. Lo primero que hizo el Gobierno fue bajar la categoría a la entidad encargada de esta tarea: dejó de ser Consejería Presidencial y la convirtió en una unidad. Esto tiene una enorme complicación y es que ve muy reducida su autonomía porque la Consejería para la Paz, de la cual depende, está metida de lleno en el proyecto de la Paz Total.
En segundo lugar, la apuesta por el tema de tierras está empantanada. La propia Ministra de Agricultura dejó al descubierto la manipulación de las cifras por parte del director de la Agencia Nacional de Tierras, lo cual no permite saber hoy cuál es el real estado del arte en esa materia.
En cuanto a la sustitución de cultivos, como en otras áreas, el gobierno Petro se ha dedicado más a descalificar el modelo que se venía aplicando que a poner en práctica una verdadera solución. Como si fuera poco, en el ánimo de hacer la llamada Paz Total, el Gobierno permitió que un grupo de las disidencias se bautizara con el nombre de las Farc, lo cual ha sido como borrar de un plumazo todo el proceso llevado a cabo en el gobierno Santos.
La situación ha llegado a tal punto que los Comunes, el partido creado por las FARC, le han pedido al Gobierno cambiar a la directora de la Unidad encargada de la implementación y el Polo ha expresado también su disgusto con lo que ha venido pasando.
Bien se podría pensar que, contrario a toda la antipropaganda que el petrismo hizo contra el trabajo del gobierno de Iván Duque en este frente, en realidad el gobierno de Gustavo Petro es el que está haciendo trizas el proceso de paz con las Farc.
El pecado original está en la época misma del proceso con las Farc. Cuando vemos en perspectiva, resulta increíble que no se hubieran adelantado, desde temprano y con contundencia, todas las acciones necesarias para asegurar que los territorios, los negocios, las armas y las actividades dejadas por las Farc no fueran a ser asumidas por otras organizaciones. Decimos que es increíble porque absolutamente todos los diagnósticos de la época lo advertían: si no se copa el territorio, si no se establece el imperio de la ley, muy rápidamente esas zonas van a ver un nuevo florecimiento criminal.
En ocasiones, cuando recordamos aquellos meses, daba la impresión de que el presidente Santos tenía mucho interés en la firma pero muy poco en lo que venía después de ella. Vino para él una vida de celebridad internacional, en la que se olvidó de esa difícil tarea y dejó que las montañas y llanos de Colombia fueran nuevamente ocupados por las armas ilegales.
¿Y cómo vamos hoy? Los cultivos de coca, que durante el proceso de paz alcanzaron máximos históricos de más de 200.000 hectáreas, no han bajado. El secuestro crece a tasas del 70% anual. Por las calles de pueblos como Caldono se pasean las disidencias de las Farc a plena luz del día. El ELN se indigna cuando la sociedad le reclama no secuestrar, llamado este que apenas tímidamente es acompañado por el gobierno. Y afirma, a renglón seguido, que lo seguirá haciendo.
Mientras tanto, el canciller Leyva dedica su vida a andar por el mundo diciendo que Iván Márquez y compañía fueron víctimas de la perfidia del Estado colombiano. Ellos, debe quedar claro para todos, son delincuentes que prefirieron la vida del delito aun cuando la sociedad colombiana les había abierto las puertas.
Y para terminar, vemos cómo a Humberto de la Calle, negociador con las Farc y hoy senador, y quien desde su curul ha hecho críticas muy serias a la caótica “paz total” de Petro, se le vienen encima las disidencias con expresiones insultantes y amenazantes las cuales, al igual que todos los crímenes de estos grupos, producen si acaso una tímida manifestación del gobierno.