El domingo se celebraron las llamadas elecciones congresales extraordinarias en Perú, para elegir al nuevo Congreso que habrá de completar el período legislativo hasta julio de 2021. El conteo y escrutinio de los votos está siendo bastante lento y de allí que los resultados definitivos apenas vayan a consolidarse a finales de esta semana.
Según la Constitución peruana, el presidente de la República tiene facultades para disolver el Congreso, cuando éste le deniegue dos veces la “cuestión de confianza” a su Consejo de Ministros. Disolver un Congreso elegido por votación popular siempre será una de las decisiones de más alta responsabilidad política que pueda adoptar un gobernante democrático.
En el caso del Perú se han presentado toda una serie de vicisitudes políticas que hacen de su reciente historia un viacrucis institucional. De hecho, el actual presidente, Martín Vizcarra, no fue elegido por voto directo, sino que asumió como vicepresidente que era de Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar ante la inminencia de ser destituido por el Congreso y acosado por investigaciones judiciales relacionadas con el escándalo de Odebrecht, que en Perú tiene a tres expresidentes procesados: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Kuczynski (serían cuatro, si se contara al suicidado Alan García).
Tanto Kuczynski como Vizcarra tuvieron que lidiar con un Congreso de mayoría fujimorista, que actuó siempre como fuerza opositora pero con dos objetivos primordiales: lograr la liberación del condenado expresidente Alberto Fujimori, por un lado, y asegurar la inmunidad de su hija, Keiko Fujimori, jefe de la bancada parlamentaria, hoy en detención provisional también por los sobornos de la firma brasileña.
En el sistema político del Perú, el Gobierno, a través de la figura del presidente del Consejo de Ministros (primer ministro) tiene la obligación de comparecer al Congreso para explicar su plan de Gobierno y presentar al gabinete, y el parlamento tiene la potestad de negarle la moción de confianza, caso en el cual hay que cambiar todo el gabinete de ministros. Sin embargo, como contrapeso institucional, si el Congreso deniega la cuestión de confianza dos veces, el presidente de la República puede disolverlo. Eso fue lo que hizo Vizcarra el pasado mes de septiembre, minutos después de que el Congreso votara -de forma irregular, según el Gobierno- la remoción del presidente. Esa partida la ganó Vizcarra, y recientemente el Tribunal Constitucional declaró que la disolución del Congreso fue una medida constitucional.
El Congreso elegido anteayer será de mandato breve. El mismo que le queda a Vizcarra, quien, no obstante, puede reconfigurar la mayoría parlamentaria e intentar recuperar márgenes de gobernabilidad. El desprestigio de la clase política es también enorme en ese país, y de hecho, fue el regocijo popular por la revocatoria del Congreso lo que permitió a Vizcarra sobrevivir políticamente a esa medida extraordinaria, pues más allá de la constitucionalidad de la orden, fue el apoyo ciudadano lo que lo mantuvo en el cargo.
El fujimorismo quedó reducido a una minoría, aunque no extinguido, y puede resucitar. Fuerzas de corte conservador incrementaron exponencialmente su votación y Vizcarra tendrá que contar con ellas. Los jefes de los partidos más votados han anunciado una especie de tregua y ya estaría bien que Perú transite un espacio de tiempo con estabilidad política y retome la senda de crecimiento y empuje que había mostrado en la primera década del milenio.
