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Editorial

Plan para la reactivación económica

La crisis humanitaria generada por la covid-19 reta a hacer de la ejecución de los planes de desarrollo procesos de máxima participación y vigilancia social, pública y privada. Todos somos parte de la solución.
<span style=text-transform:uppercase>ilustración</span><b><span style=text-transform:uppercase> Morphart</span></b>
Publicado

La mayor proyección de futuro del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023, del gobernador Aníbal Gaviria, aprobado el pasado fin de semana por la Asamblea Departamental, se la brinda la masiva participación ciudadana durante su etapa de construcción y posterior reformulación sobre la marcha, orientada a la contención de la pandemia y hacer de la crisis humanitaria un reto para la reactivación económica, la generación de empleo y la construcción de un territorio en paz, equitativo y sostenible social, económica y ambientalmente.

El documento aprobado es un esfuerzo estructurado con insumos clave de los ejes de la campaña que llevó a Gaviria por segunda vez a la Gobernación, las propuestas recogidas en los encuentros subregionales (anteriores a la covid-19), los ejercicios académicos y aportes de expertos, gremios, organizaciones no gubernamentales y el Consejo Departamental de Planeación.

Del debate en la Asamblea cobra importancia el ambiente democrático, propositivo, de unidad entre todas las bancadas y el equipo de gobierno, que permitió, de manera consensuada, enriquecer la iniciativa con 322 modificaciones.

En su enfoque estratégico de reactivación económica el programa contempla generar unos 120.000 empleos, urbanos y rurales, con obra pública, reforestación y construcción de vivienda; así como los créditos, subsidios, apoyos a microempresarios y emprendedores. También son claves sus planes de defensa de la vida, reforzamiento de los sistemas de salud, educación, seguridad e infraestructura.

Las 562 páginas del plan reflejan la dimensión del trabajo realizado para evaluar las dificultades, carencias, abandono estatal, deudas sociales, violencias, ilegalidad, violación de derechos, degradación de la vida natural (...), pero también las historias de transformación social, riquezas de los territorios, retos y oportunidades de las nueve subregiones de Antioquia para superar este momento difícil.

Importante que el mismo interés ciudadano, gremial, empresarial e institucional que animó la elaboración del plan se mantenga con mirada atenta sobre el cumplimiento de los cerca de mil indicadores que permiten seguir y evaluar los alcances de los componentes, programas, resultados y productos de sus cinco líneas estratégicas: Nuestra Gente, Nuestra Economía, Nuestro Planeta, Nuestra Vida y Nuestra Gobernanza.

En momentos complejos hay que tomar decisiones de fondo. Por ello tiene especial validez la apuesta arriesgada para la financiación del proyecto que suma $25,5 billones: $15,17 billones de ingresos corrientes, $2,2 billones en recursos de capital y $8,35 billones de recursos de gestión de fuentes alternativas como el crédito.

Para su ejecución será clave el apoyo del gobierno nacional, los entes territoriales, la banca, el sector privado, equipo parlamentario de Antioquia, la Asamblea y demás fuerzas vivas del territorio, porque de otra manera lograr que la región siga como referente nacional y global en la contención del virus y la mitigación de sus efectos sobre la vida y las actividades sociales y productivas se hará más complejo.

El plan no es una isla, es una acción local con alcances nacionales y globales, que consideramos va en el camino correcto. Fue reformulado bajo el concepto de resiliencia, el mismo que ha permitido a la región superar épocas nefastas.

También clave es haber ligado el alcance de las metas de sus políticas regionales con las de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, siempre con atención y respeto a la naturaleza, todas las formas de vida, la adaptación y mitigación al cambio climático.

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