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Las enormes pérdidas en vidas humanas, infraestructurales, económicas, ambientales y de otros órdenes generadas por las lluvias o las sequías, cada vez más frecuentes y demoledoras por el cambio climático, desnudan las fallas, falta de planeación e indisciplina gubernamental y ciudadana para prevenir estas situaciones.
Hoy la preocupación es grande, sobre todo para los departamentos del Pacífico, la zona Andina y sectores del pie de monte amazónico, tras el anuncio del Instituto Nacional de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para alertar que hasta mayo podrán presentarse precipitaciones por encima de los registros históricos debido a la incidencia del fenómeno de La Niña en actual temporada de lluvias, la cual se une a la que venía desde finales 2020.
Las estadísticas son complejas y obligan a reforzar esfuerzos. En 2021 las lluvias ya dejan 11 personas muertas y 22.000 damnificados. Entre septiembre y diciembre de 2020 hubo 52 muertos, 92 heridos, 380.939 damnificados, 594 viviendas destruidas y 41.800 afectadas en 23 departamentos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esto sin contar con la devastación provocada por el huracán Iota, en noviembre, sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En Antioquia las alertas invernales se extienden para todo su territorio, con llamado de atención especial sobre 38 municipios por posibles deslizamientos de tierra y crecientes súbitas.
Sin duda Colombia ha adquirido gran experiencia en la atención y mitigación de los mal llamados desastres naturales. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un marco estructural, una política pública, con estudios, análisis de vulnerabilidad y objetivos estratégicos para mitigar desgracias desde el Gobierno Nacional, las gobernaciones, municipios, sector privado, actores sociales y comunitarios y ciudadanos. Todos deben ser protagonistas en la prevención del riesgo.
De la misma forma, el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín 2015-2030, de la alcaldía de Federico Gutiérrez, liderado por un equipo interdisciplinario, científico y técnico, de la Universidad Eafit detalla, con distintos aportes y especialmente de organizaciones sociales: Juntas Administradoras Locales, JAL; Juntas de Acción Comunal, JAC; mesas ambientales y ciudadanos sobre conocimiento e historia de los territorios, los riesgos de corto, mediano y largo plazo y las acciones que deben emprenderse para enfrentarlos en cada una de las comunas, laderas, quebradas, barrios y calles.
El proyecto está en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y otras agencias nacionales y globales. Es una apuesta de ciudad por la construcción de una visión de futuro sostenible, desarrollo integral, incluyente, equitativo y competitivo; protector de la vida y la seguridad, en armonía y equilibrio con el medio ambiente en pro del bienestar general.
Sin embargo, surgen preguntas obvias: ¿qué tanto de estos planes, hechos con recursos públicos, está en ejecución? y ¿qué interés despiertan en quienes están hoy en el poder para cumplir con sus metas y objetivos? Es tarea de la ciudadanía y dirigencia responsable velar por su aplicación, nada aportan en las gavetas oficiales.
Prevenir siempre será menos costoso que atender daños. Imposible volver a vivir situaciones como la de 2010-2011 cuando el fenómeno sorprendió a un país desprevenido arrasando pueblos, veredas, escuelas, hospitales, puentes, cultivos y carreteras. 323 personas murieron, 66 engrosaron las listas de desaparecidos y 3,6 millones resultaron damnificadas; 7.450 viviendas fueron destruidas y los daños económicos ascendieron a $11,2 billones