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Con decisión unánime de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, se decidió remitir a la Fiscalía General el proceso que tiene en detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe.
La decisión es coherente no solo con lo que disponen las normas constitucionales en materia de levantamiento de los fueros especiales, sino con el cumplimiento del principio del juez natural, y con la jurisprudencia que la Corte Suprema ha fijado en cuanto a que si los delitos imputados no hacen referencia al desempeño parlamentario de la persona procesada, deben remitirse a la Fiscalía cuando, como en este caso, renuncian a la curul.
Hay que reconocer que los vaivenes de este proceso pueden saturar a aquellos ciudadanos que no están familiarizados con las complejidades y e innumerables giros procedimentales, que no solo confunden a los legos en la materia sino que generan interminables discusiones entre los expertos en materia penal.
Dicho esto, no obstante, hay que partir también del reconocimiento de que toda persona incursa en un proceso penal tiene derecho a ejercer todos los mecanismos de defensa que la ley le otorga, y entre ellos está el de propugnar porque las diligencias que la justicia adelante se ciñan a las garantías y a la imparcialidad de juicio y valoración de las pruebas por parte de quien juzga.
Al pasar al ámbito de la Fiscalía General de la Nación, también cambia el régimen procesal aplicable al expresidente. Será un fiscal quien defina la valoración del acervo probatorio remitido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en los varios cuadernillos que tiene el expediente. Y habrá de citar a una audiencia de imputación de cargos que, mientras no se realice, desvirtúa los motivos para mantener en detención domiciliaria a Uribe Vélez. Es lógico, y procesalmente pertinente, su puesta en libertad.
El senador Iván Cepeda anunció que recusará al fiscal General, Francisco Barbosa, al considerar que este no es imparcial para conducir el caso. Realmente el fiscal General no es quien lleva personalmente el proceso, y tampoco hay objetivamente elementos que señalen que esté incurso en alguna de las causales de impedimento. Él mismo, en entrevistas de principios de año, indicó que no era de la corriente uribista y que no tenía vínculos con el exmandatario.
Por otro lado, de la Fiscalía hay que pedir lo que es natural en cualquier actuación: apego a la ley y cumplimiento del papel que le corresponde. Que el fiscal que sea asignado al caso actúe con independencia y esté libre de sesgos. Ayer, por ejemplo, se informó de contratos de muy alta cuantía que el gobierno anterior firmó con la empresa que representaba legalmente el magistrado que adelantó la investigación contra Uribe en la Corte Suprema. Algo que despierta, por lo menos, preguntas y objeciones fundadas sobre su imparcialidad.
También hay que hacer un llamado a la serenidad para que la Fiscalía pueda trabajar correctamente, y que al fiscal y al juez de conocimiento que en su momento llegue a adelantar diligencias, se les respete y no se les someta a linchamientos ni de unos ni de otros, atendido el apasionamiento que este proceso genera y en el que lo que debe primar, como ha pedido insistentemente el propio expresidente Uribe, es la luz de la verdad.