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Editorial

Proteger a los venezolanos

Por tratarse de población vulnerable (dados su desarraigo y depresión económica), las autoridades deben blindar al migrante de una instrumentalización creciente por parte del crimen organizado.
<span class="priority-content" mlnid="idcon=34256009;order=2.0">Proteger a los venezolanos</span>
ilustración morphart Publicado el 21 de septiembre de 2019

Las necesidades y desorientación de todo orden en que arriban al país cada día miles de venezolanos, la fragilidad propia de la mayoría de ellos, sin empleo, vivienda, medios y capital de trabajo, con un mercado laboral encogido, legalización en trámite y grupos familiares aún sin insertar en la vida social y productiva, los convierten en blanco directo de los fenómenos de ilegalidad.

Recientes informes periodísticos confirman el reclutamiento de los migrantes en las cuadrillas de recolectores de hoja de coca en Catatumbo, su ingreso a redes de microtráfico, extorsión y “pagadiario” en Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín, y su albergue en viviendas deshabitadas por el desplazamiento intraurbano, para alimentar las rentas de las bandas y los combos.

Es de amplio registro también su presencia en la prostitución y el subempleo, sin ningún tipo de prestaciones y con salarios de explotación. La indigencia y algunos raponazos callejeros también los afectan e involucran.

Se ha insistido en el gran potencial que reúne la población venezolana expulsada por la crisis económica y política del vecino país. La riqueza que puede aportar al desarrollo de la sociedad colombiana si se capitaliza, con orden y planes adecuados, su integración a la vida nacional.

Hay que frenar el paso a la estigmatización, la criminalización y la marginación de los 1,6 millones de venezolanos establecidos en Colombia, según el último informe del Dane (Migración Colombia los cifra en 1,8 millones). Los análisis muestran que se trata de una población joven, entre 25 y 40 años, deseosa de estar económica y formalmente activa, incluso con mejores niveles de capacitación que los locales en ciertos sectores productivos. Hoy, el 1,5 % de la gente con trabajo en el país es de origen venezolano.

Mientras que entre los colombianos el 56 % tiene educación básica o intermedia, en los venezolanos arribados al país los últimos cinco años es del 65 %. No obstante esa formación, se les paga menos.

El Dane observa la necesidad de soluciones que los vinculen e incorporen como ocupados del mercado laboral, lo cual coincide con el llamado de nuestro editorial Venezolanos: dos caras y un plan (13/09/19), para que los gobiernos locales y departamentales que serán elegidos el próximo 27 de octubre diseñen, con apoyo del Gobierno Nacional, una estrategia maestra de corto, mediano y largo plazo que reduzca la “lumpenización” de los migrantes, mediante acciones concertadas para su inserción laboral, social y cultural.

Tener un plan significa que en adelante no haya improvisación y que los municipios tengan una hoja de ruta para absorber sin traumatismos a esos nuevos pobladores. La vinculación ordenada potenciará sus valores positivos y su productividad legal, al tiempo que impida que engrosen las filas de la ilegalidad y que sean funcionales a la delincuencia.

La encuesta de la Universidad de Medellín sobre la migración venezolana mostró que en Antioquia, por ejemplo, casi el 80 % de los consultados no se molesta por la llegada de los migrantes. Lo que sí es motivo de conflicto es que ellos integren y agraven fenómenos de ilicitud.

Mientras la crisis en Venezuela persista, e incluso mucho después de que termine, esta población es y será parte de la realidad actual. La mejor alternativa es que se les proteja y se procure que su dignidad aporte a la nuestra.

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