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Sobre la convulsa situación en Chile, que no merma en su magnitud a pesar de que va a ajustar ya las tres semanas, la atención de los medios y de los gobiernos del continente se ha enfocado primordialmente a las multitudinarias manifestaciones, a la gestión que ha hecho el presidente Sebastián Piñera, y a las consecuencias sociales y económicas de la revuelta.
Chile tuvo que cancelar dos grandes cumbres internacionales, la de la Alianza Asia-Pacífico (APEC) y la Cumbre Mundial sobre el Clima, que se harían este mes y el próximo, con asistencia de mandatarios de decenas de países. Los costos económicos son enormes, en cancelación de eventos y de actividad comercial.
Pero poco a poco comienza a aflorar otra realidad que algunos medios de comunicación están ilustrando, sin dejar de lado el análisis de los movimientos de masas: la de amplias zonas de las ciudades chilenas afectadas por destrucción de bienes públicos y privados, instalaciones de servicios públicos, supermercados saqueados e incendiados (y el desabastecimiento resultante) y falta de cobertura de medios de transporte, paralizados forzosamente. Y los afectados son los barrios de clase media y trabajadora de ciudades como la capital, Santiago de Chile.
Está para el análisis y seguimiento atento el fenómeno político, económico, sociológico, tanto en su génesis como en su explosión final, que ha generado efectos de la misma naturaleza, incluyendo la recomposición del gabinete ministerial. Pero pronto habrá de hacerse también el inventario de los costos materiales, en su mayoría generados por fuerzas organizadas que se pegan de cualquier manifestación de descontento social para activar una estrategia paralela de destrucción de bienes mediante vandalismo y agresivas asonadas.
Sacar a relucir esta cara de la realidad no es estigmatizar la protesta social, ni pretende restringir la libre manifestación de ideas, entre cuyo núcleo fundamental se incluye la movilización de actores de la población para reivindicar peticiones ante los poderes públicos o para exigir cambios de políticas.
La protesta social comprende ese conjunto de derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación, huelga, y otras garantías esenciales consagradas en la Constitución, con un tratamiento similar al que recibe en muchos países democráticos. Sin embargo, el derecho tiene sus límites, pues se pueden afectar intereses generales, si se pasa a contravenir la seguridad ciudadana y el orden constitucional.
El problema de fondo que enfrentan las autoridades estatales para garantizar la protección jurídica de la protesta social es que debe conciliar la libertad de protestar con la libertad de circular, la seguridad de las personas y de los bienes, la protección a la población no participante y al orden público.
Si el principio general es que la policía no debe usar la fuerza frente a la protesta social pacífica, cumpliendo una labor de ordenamiento y no de represión, otra cosa sucede cuando se presentan conductas que ponen en peligro el orden y la seguridad pública. Ahí se activa el uso razonable y proporcional de la fuerza, cumpliendo el deber de garantía de protección de los bienes jurídicos, tales como la vida e integridad de los ciudadanos y sus propiedades, con el fin de que todos ejerzan en igualdad los derechos que les corresponden.