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Editorial

Que no solo el contralor hable

Es largo el listado de delitos que la Fiscalía atribuye a la red de la “Contraloría de bolsillo”. Corrupción administrativa pero, sobre todo, política, ante a la cual los partidos guardan silencio.
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Publicado el 25 de agosto de 2019

“Tus acciones respaldan tu autoridad”, reza el lema de la actual Contraloría de Antioquia, fijado en su página Web y demás pauta publicitaria divulgada en los eventos que organizaban sus altos funcionarios para dictar cátedra sobre transparencia en el manejo de los recursos públicos y decencia en el ejercicio de la autoridad. Decenas de alcaldes en el departamento asistieron a conferencias y seminarios sobre los principios de moralidad, eficacia, eficiencia y pulcritud administrativa.

Las “acciones que respaldan la autoridad” del contralor Sergio Zuluaga Peña comenzaron a ser denunciadas desde el momento mismo en que fue elegido por la gran mayoría de los diputados a la Asamblea de Antioquia, en proceso repleto de dudas y denuncias, en enero de 2016. ¿Qué le dicen hoy esos diputados a la comunidad?

Lo que se vino y se vio en todos esos meses siguientes, hasta esta misma semana, fue uno de los procesos de desafío y burla más vergonzosos y ofensivos que haya afrontado este departamento. Las evidencias eran enviadas a los órganos de control, mientras el contralor esgrimía los más burdos argumentos para justificarse, mientras la clase política que lo eligió seguía amparándolo con su apoyo o con su silencio cómplice. Al fin y al cabo, como lo ha dicho ahora la Fiscalía al denominar esta operación como “Contraloría de bolsillo”, los turbios intereses de unos y otros se entremezclaban en esta sucesión de ilegalidades.

Hay documentos, denuncias, decisiones preliminares sancionatorias que arrojan una pauta de comportamiento sistemático que choca frontalmente no solo con las leyes sino con principios elementales de decencia, de decoro personal, por no mencionar el nivel al cual cayeron para mancillar la dignidad de sus cargos (el contralor, el subcontralor, los delegados capturados) que se suponen concebidos para ser garantes de transparencia.

No se ha oído hasta ahora, de parte del gobernador de Antioquia, tan rápido, directo e incisivo en tantos otros temas, ni una sola palabra sobre estos hechos que denigran de tal forma el ejercicio de responsabilidades públicas. El gobernador Pérez Gutiérrez debería fijar posición de la misma forma que lo ha hecho con tantos asuntos en los que ha emitido con dureza juicios y reprobaciones.

Detrás de todo esto hay una trama larga de corrupción administrativa, bajo los delitos detallados por la Fiscalía en las audiencias y cuyas responsabilidades los jueces penales determinarán luego del debido proceso.

Pero antes de esa corrupción administrativa, por ahora presunta mientras no haya sentencia judicial, hay una previa: la política, la que cuenta con el amparo, y a veces estímulo, de aquellos partidos y movimientos políticos que pasan de agache, guardan silencio, sin asumir ninguna responsabilidad por los hechos delictivos cometidos por quienes han sido avalados, inscritos y elegidos a su nombre.

El alcalde de La Pintada, César Augusto Zapata Pérez, fue elegido por coalición entre el Partido Liberal y el de La U; el de Jardín, William Enrique Rendón Agudelo, por el Partido Conservador; la de San Carlos, Luz Marina Marín Daza, por Opción Ciudadana; y el subcontralor de Antioquia -todavía libre y con orden de captura- Rubén Darío Naranjo Henao, ha sido político y directivo de Cambio Radical. ¿Algo para decirles a los antioqueños, señores de estos partidos políticos? Para ellos nadie pide que se les desconozca la presunción de inocencia, pero no podrán esconder debajo de esta garantía procesal la responsabilidad política que les cabe a sus partidos.

Para toda una sociedad que asiste desmoralizada y atónita a este escenario de corrupción, queda la esperanza de que la justicia ordinaria sea rigurosa en la conducción de los procesos penales, en la valoración de las pruebas, y en llegar a la verdad de los hechos para aplicar las consecuencias jurídicas que correspondan.

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