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Una semana turbulenta, llena de agitación y con un muy preocupante resurgimiento de las manifestaciones masivas de violencia en las principales ciudades, con trágico saldo de muertes por impactos de bala y destrucción de bienes públicos y privados, abren un complejo panorama para la institucionalidad, los gobiernos y la sociedad.
Se conjugaron un indignante caso de abuso policial y de uso excesivo de la fuerza, en Engativá, contra el ciudadano Javier Ordóñez, quien resultó muerto –en lo que la justicia deberá determinar si fue un homicidio–, y las protestas posteriores que, en un primer momento, se atribuyeron a manifestaciones espontáneas contra los desmanes de la policía.
El caso de Javier Ordóñez no parece ser, lamentablemente, el primero. En una época donde prácticamente todo lo que sucede en los espacios públicos queda registrado en video, y en donde los mismos altos mandos de la Policía recuerdan el derecho ciudadano a grabar los procedimientos policiales para asegurar la protección de los derechos fundamentales de la persona, son varios los actos de intervenciones de agentes uniformados que no se ciñen a sus reglamentos y que vulneran las garantías constitucionales.
Y eso se conjuga, por otro lado, con un ataque sistemático y unas campañas de irrespeto hacia los agentes de la Policía, que día a día se ven sometidos a vejámenes, insultos, agresiones verbales y físicas, así como a una persistente estrategia de deslegitimación de la existencia misma de la institución policial.
Nada peor para una sociedad, y en concreto para una como la colombiana, que la exacerbación de un sentimiento mutuo de desconfianza, hostilidad o, peor, abierta y continua agresión, entre ciudadanos y policías, viéndose y tratándose como enemigos.
Hay que proceder sin dilaciones a definir y aplicar nuevas políticas de actuación de la Policía y de relacionamiento de sus agentes con la comunidad, y de esta con aquellos. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció cinco ejes de actuación: 1) Implementar la Política Marco de convivencia y seguridad ciudadana. 2) Participación de la Defensoría del Pueblo y agencias de la ONU en la capacitación para la prevención, promoción y protección de derechos humanos. 3) Actualización de protocolos de incorporación, y mejoramiento de la calidad de vida de los agentes. 4) Políticas de transparencia e integridad. 5) Fortalecimiento tecnológico.
Siendo todo ello necesario, es preciso insistir en los procesos de formación de los agentes, y en sus condiciones de calidad de vida. Su profesión es no solo de alto riesgo sino de condiciones extremas, que demandan acompañamiento profesional en todos sus niveles, desde el psicológico hasta el axiológico y financiero.
Paralelo a todo ello, el país ha visto los acontecimientos de orden público, en particular en Bogotá, con una alcaldesa desbordada que pronto ha olvidado sus sentencias de campaña para insistir en su estrategia de eludir responsabilidades y achacar las culpas al presidente de la República. Los desórdenes y actos vandálicos han costado la vida –hasta ayer– de trece personas, con 194 policías heridos y 209 civiles. En la capital ha habido destrucción de los CAI de la policía y quema de instalaciones.
Hay un peligroso juego de algunos políticos de llamar a la desobediencia civil o directamente a la insurrección para derribar a quien les gana las elecciones. Hoy día viene haciéndolo con reiterado ímpetu el senador Gustavo Petro, quien parece extasiarse ante los desmanes callejeros de multitudes vandálicas. Hay una clara frontera entre animar unas protestas legítimas, para propender la corrección de malas políticas, y entre azuzar el caos como mecanismo de destrucción para erigirse como adalid de la anarquía.