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Dos de las redes sociales de mayor alcance planetario, Facebook y Twitter, procedieron a “suspender” indefinidamente las cuentas que el saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía en ellas y que le servían de plataforma permanente para divulgar tanto sus decisiones, como sus opiniones, juicios, denuestos, ocurrencias y no pocos exabruptos.
Tal decisión ha generado un encendido debate y sus formas de abordarlo abarcan decenas de puntos de inicio: el de los derechos fundamentales concernidos (libertad de expresión, ante todo, y el correlativo derecho de sus gobernados a saber qué piensa, qué dice su gobernante y cómo lo dice); el del contenido de los mensajes recurrentes; el de la personalidad de quien los emite; el de su posición de poder y las consecuencias colectivas; la eficacia de la red para generar efectos políticos, etc.
Donald Trump tenía a su disposición, al asumir la presidencia, una cuenta oficial de Twitter (@POTUS), la cual prácticamente desechó, para emitir sus mensajes desde la suya personal (@realDonalTrump), que al momento de su suspensión, contaba con 88 millones 700 mil seguidores. En Facebook tenía más de 35 millones. Esa cuenta personal la usó para comunicar órdenes oficiales, anunciar renuncias, nombramientos y destituciones, y para difamar repetidamente a sus adversarios. Paralelamente, en estos cuatro años, por lo menos dos jueces en Estados Unidos consideraron que lo dicho en esa cuenta era de interés público y que, por tanto, el titular de la cuenta, a su vez presidente del país, no podía bloquear a ciudadanos porque el criterio aplicable no era el mismo que el de un particular.
Un gobernante de un país libre y democrático, y de manera superlativa el presidente de los Estados Unidos, tiene a su disposición múltiples canales para comunicarse con sus gobernados. La cobertura mediática a la Casa Blanca es exhaustiva. Trump, en concreto, de todas ellas escogió Twitter como la principal, y Facebook subsidiariamente. Ambas, redes sociales de empresas privadas pero cuya influencia y penetración ha alcanzado tal magnitud que lo que hagan, regulen o decidan se volvió asunto de interés público por cuanto involucran derechos fundamentales y garantías tanto para los usuarios como para los receptores y afectados por sus contenidos.
Twitter tiene establecida una política, actualizada en octubre de 2019, sobre las cuentas de “líderes mundiales”, en las cuales reconoce el interés público por acceder a sus mensajes pero puntualiza que ellos no están por encima de las normas de la red social. El objetivo, dicen, es “servir a la conversación pública y proteger el derecho del público a escuchar a sus líderes y exigirles cuentas”. Y enumeran los casos en que pueden tomar medidas, y uno de ellos es, como sucedió la semana pasada, lo que se entienda como promoción de la violencia.
Trump ha sido un “botafuegos” que, según conteo de The Washington Post hasta noviembre de 2020, había emitido, desde que tomó posesión, 23.000 mentiras, hechos falsos o afirmaciones sin sustento. Una democracia sólida como la estadounidense tiene formas vigorosas de control que, no obstante, se vieron impotentes frente a la arrolladora catarata de falsedades y extralimitaciones del presidente. Las mayorías de su partido lo ampararon y permitieron los abusos de poder, y la prensa independiente cumplió su labor pero no podía asumir las competencias de jueces o del Senado.
Personalidades relevantes han opinado que son los jueces los que deberían tomar una medida así, y no los dueños de las redes sociales. Suena sensato, aunque, por otro lado, hay que reconocer que a esas mismas empresas se les lleva exigiendo desde hace tiempo que tomen medidas de control contra usuarios y cuentas que propagan discursos de odio o que inciten a la violencia.
Trump, en todo caso, no puede decir que haya sido acallado porque, con toda seguridad, encontrará otros mecanismos para seguir alimentando las creencias y paranoias de esos más de 74 millones de personas que han decidido adherir a su deformada visión del mundo