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Editorial

Tumaco, la esquina del miedo

Este municipio es rostro de la grave crisis de seguridad del suroccidente del país, convertido en santuario del narcotráfico transnacional. Inquietan los desplazados, reclutamientos y homicidios selectivos.
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ilustración morphart Publicado el 19 de enero de 2020

A medida que transcurría la semana, el número de desplazados que llegaba a Tumaco crecía. Las últimas cifras hablan de 4.500 personas forzadas a dejar sus hogares, propiedades y territorios debido a las presiones y la violencia de los grupos armados ilegales. Pero este municipio no es el único de la esquina suroccidental de Colombia donde la crudeza del conflicto armado interno y de las guerras mafiosas afecta a la población civil: Nóvita, en Chocó, también fue acosado por bandas de mercenarios.

De 26 veredas que bordean el Río Chagüí, las comunidades debieron salir ante los combates por el control de la zona entre los grupos criminales. Incluso niños y ancianos enfermos fueron sacados en hombros o en camillas improvisadas, debido al temor por los constantes choques entre facciones de las “Guerrillas Unidas del Pacífico”, la “Gente del Orden”, la “Resistencia Campesina” y los “Guerreros del Sindagua”. En zona urbana está el frente “Estiven Prado”.

Tumaco lleva tres años en medio del fuego cruzado aunque, desde enero de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos envió 2.000 soldados para reforzar el pie de fuerza y desarticular las “bandas residuales”, resultantes de la desmovilización de las Farc, y de la presencia de escuadrones asociados a los carteles mexicanos.

En Nariño se detectan 22 mil hectáreas de cultivos ilícitos que alimentan una producción promedio anual de 100 toneladas de cocaína. Allí, y en la vecina Costa Pacífica del Chocó, funcionan intrincados corredores selváticos y fluviales desde donde salen lanchas rápidas y semisumergibles que provén las operaciones de cocaína de los carteles mexicanos hacia la Costa Oeste de Estados Unidos y al Pacífico Occidental, incluido el mercado australiano.

El diagnóstico crítico de la seguridad en Tumaco es claro, no solo por la presencia de estas estructuras mafiosas, sino por las marcadas necesidades sociales y económicas, que sirven de caldo de cultivo a la regeneración permanente de los grupos ilegales. Chocó y un pedacito del Valle del Cauca también son parte de ese gran mapa de marginalidad y anomia institucional del Suroccidente colombiano.

En las últimas horas, los desplazados del Río Chagüí lanzaron la emergencia por la desprotección en que se encuentran, sin dinero ni víveres, hacinados en casas de familiares u otros tumaqueños solidarios que los recibieron. La Gobernación de Nariño recibió la visita del alto gobierno y espera apoyo para paliar y afrontar la crisis humanitaria.

En Tumaco el presidente Iván Duque anunció el jueves aportes por 5.000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para atender los territorios afectados por ofertas de ilegalidad y grupos armados. Una alianza histórica que deberá servir para llegar con oportunidades e inversión a estas zonas de la periferia nacional.

Más allá de la emergencia actual, la coyuntura debe ser punto de partida para que en 2020 se tracen planes de atención social y se rediseñe una política de seguridad amplia para esta esquina estratégica del territorio nacional, donde están enquistados mercenarios y mercaderes del narcotráfico transnacional.

Al desplazamiento y el reclutamiento forzado de jóvenes se suman los asesinatos selectivos que incluyen el homicidio de líderes sociales, y en consecuencia su silenciamiento y destierro. Esa amplísima zona del país no puede continuar convertida en escenario de violaciones de derechos humanos, combates entre ilegales e incluso del socavamiento de la soberanía y el control del Estado.

Tumaco y el Suroccidente tienen gran potencial turístico, tesoros naturales y gente invaluable, que merecen una ofensiva oficial en todos los frentes. Ninigún tiempo más propicio que el inicio del año para fijar esas metas.

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