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La propuesta del expresidente César Gaviria, presentada en un extenso artículo en El Tiempo del pasado domingo, y que, para efectos de concreción periodística se tituló “Justicia transicional para todos”, no parece una improvisación de última hora ni tiene la forma de globo para distraer la atención de otros asuntos.
Es una invitación a reflexionar y debatir un tema ineludible que se veía venir. Que por sus alcances y consecuencias puede ser, sin exageración alguna, la decisión política de mayor envergadura que se haya puesto a consideración de los colombianos en mucho tiempo.
Quien siga las claves de la actualidad de este país, sus azarosos itinerarios políticos, y que en particular haya comprendido los caminos por los cuales se emprendió el proceso de negociaciones de paz con las Farc en 2012, sabe que tarde o temprano el dilema que se pondría ante los ojos de los colombianos sería ese.
Si el “sapo” de una justicia transicional sin castigo efectivo para los cabecillas de las Farc es intragable para buena parte del país, la fórmula que indica el pragmatismo político es ofrecerlo acompañado de beneficios para todos los intervinientes en el conflicto, hayan sido o no combatientes.
Y propuesto bajo la forma de oferta única, de “lo toma todo o lo deja todo”. Dice el expresidente que eso debe ser sometido a referendo, bajo el mismo artículo en una sola votación. Se eliminan, pues, los riesgos de hacer distinciones entre los beneficios que se aceptan para unos (guerrilleros eventualmente responsables de delitos atroces) y los que se conceden para otros (militares, políticos, empresarios y hasta paramilitares).
Que una propuesta tal se haga sujetándose al más evidente pragmatismo no amerita su descalificación inmediata. De hecho, la justicia transicional también se rige por esa pauta: si quien puede ejercer violencia a gran escala no se somete a ninguna regla, es mejor acordar con él su propia “pena” antes de que siga causando más víctimas. Revístase del ropaje teórico que se revista, eso es, en buena parte, la justicia transicional.
El expresidente Gaviria ha sido enfático en que no es posible acordar un fin del conflicto dejando toda suerte de situaciones procesales sin definir, o abiertas al riesgo de que jurídicamente siempre haya lugar a que la justicia penal obre como instrumento de incertidumbre, en particular para las Fuerzas Armadas.
Tiene razón en que sería inadmisible para los colombianos ver a los oficiales de las fuerzas legítimas en la cárcel, mientras los guerrilleros hacen política e incluso gobiernan. Y también muestra su olfato de político sagaz cuando se da cuenta de que para muchísimas personas el proceso de La Habana sirve, ante todo, para resolver el problema de los comandantes de las Farc con la justicia.
Creemos, eso sí, que en sus opiniones sobre la justicia internacional el expresidente se fundamenta más en sus buenas intenciones que sobre la realidad de las cosas. No es cierto, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional (CPI) se haya creado para juzgar solo a dictadores genocidas, como lo dijo en la radio. Y se equivoca también al valorar despectivamente las advertencias hechas por la Fiscal de la CPI.
La CPI se supone que fue creada para castigar, cuando un país no quiere o no se presta a hacerlo, delitos graves que ofenden la conciencia moral de la Humanidad. Como esos que los colombianos hemos sufrido a diario durante décadas y que necesitan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.