Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Las escenas de violencia y caos vividas en México tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han dejado una sensación de miedo por lo que se puede desatar a partir de ahora. La estrategia de abatir a los jefes de las organizaciones mafiosas en otras ocasiones ha dado pie a una pugna feroz por el poder. Sin embargo, más allá del riesgo evidente de retaliaciones y disputas internas, lo ocurrido constituye un golpe de autoridad del Estado mexicano que no puede ser minimizado.
“El Mencho” no era un cabecilla más: era el narcotraficante más buscado de México y uno de los más perseguidos por Washington, que ofrecía 15 millones de dólares por su captura. Su organización, el CJNG, se dedicaba al tráfico de drogas sintéticas y había enfocado sus negocios en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos. Su abatimiento, en una operación respaldada por inteligencia compartida entre ambos países, envía un mensaje inequívoco: el Estado puede golpear en el corazón de las estructuras criminales.
La presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder con la promesa de revisar la estrategia de seguridad heredada de Andrés Manuel López Obrador. El sexenio de AMLO estuvo marcado por la polémica consigna de “abrazos y no balazos”, una fórmula que pretendía reducir la confrontación directa y atacar las causas sociales de la violencia. El balance final —con más de 200.000 homicidios— dejó una sensación, antes que de triunfo, de sometimiento de las instituciones frente al crimen organizado.
El operativo contra “el Mencho” representa, en ese contexto, un viraje. No se trata solo de la eliminación de un capo, sino de la recuperación simbólica de la iniciativa estatal. Durante años, los carteles proyectaron la imagen de que podían doblegar al poder público, paralizar ciudades y desafiar sin consecuencias al aparato militar. Este golpe revierte, al menos parcialmente, esa narrativa.
Es cierto que la historia en México –y también en Colombia– demuestra que la caída de un líder suele desatar feroces guerras internas en el bajo mundo. Y esa fragmentación puede multiplicar los focos de violencia. Pero también es cierto que el no hacer nada eficaz de manera prolongada fortalece a las organizaciones criminales y deja mal parado al Estado. En ocasiones, el riesgo calculado es preferible a la parálisis.
Algo de eso tenemos claro en Colombia. Mientras se persiguieron a los criminales y el Estado abatió a sus cabecillas la seguridad volvió al país, mientras que con experimentos como la paz total de Petro –en cierta medida parecido a la política de “abrazos y no balazos” de AMLO– la criminalidad se ha recrudecido en Colombia.
Por supuesto la realidad no es en blanco y negro: se necesita autoridad pero también programas sociales y estrategias de fortalecimiento institucional para lograr un cambio sostenible en materia de seguridad.
Desde los primeros meses de su mandato, Sheinbaum había mostrado un enfoque más operativo: incremento en incautaciones, golpes a laboratorios clandestinos y mayor coordinación de inteligencia. Mucho de ello gracias también a la llegada a la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, el expolicía que logró reducir los homicidios mientras Sheinbaum fue alcaldesa de Ciudad de México. El abatimiento de “el Mencho” es, hasta ahora, el resultado más visible de esa estrategia.
Pero Trump ha seguido exigiendo cada vez más, y frente a la posibilidad de la imposición de aranceles o incluso de una intervención militar Sheinbaum aceleró y ordenó el operativo, recalcando la soberanía de México en la toma de decisiones. Ahora puede mostrar un extraordinario logro en materia de seguridad y tendrá un mayor margen de maniobra en las negociaciones con el gobierno estadounidense por la confianza que genera en Washington el éxito de una operación realizada con inteligencia de los dos países.
Lo que viene será decisivo. El desafío no termina con el operativo; apenas comienza. Desmantelar las redes de extorsión, lavado de activos y control territorial que el CJNG tejió durante años exigirá perseverancia institucional, fortalecimiento judicial y protección efectiva a comunidades vulnerables. Sin esa fase estructural, el impacto del golpe podría diluirse.
Los ciudadanos, por experiencias anteriores, se preparan para lo peor, pues las facciones competidoras lucharán por el poder y se enfrentarán al gobierno. Como titulaba un periódico mexicano en estos días: “Prenden al Mencho. Prenden la mecha”.
Pero negar la magnitud del momento sería un error. En sociedades golpeadas por la violencia prolongada, la recuperación de la iniciativa estatal es un paso indispensable para reconstruir la confianza. La historia dirá si México logra convertir este golpe en el inicio de una estrategia sostenida.