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La semana pasada, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, presentaron el Plan Integral de Innovación, Transparencia y Efectividad, el cual se integrará con unos proyectos de ley que hacen trámite legislativo en el Congreso para introducir reformas que fortalezcan la estructura institucional de la entidad y aseguren una actuación policial adecuada a la realidad colombiana.
2020 fue un año crítico para la Policía y la necesidad de adoptar reformas fue una tarea demandada por varios estamentos. El Gobierno Nacional hizo bien en no precipitarse a adoptar medidas improvisadas al calor de las polémicas alimentadas con propósitos político-electoreros, ni bajo la afectación emocional por hechos muy lamentables que, ciertamente, pusieron las actuaciones policiales de exceso del uso de la fuerza bajo la lupa de la sociedad.
Las reformas que se van a comenzar en la Policía deben ser fruto de un proceso muy bien estructurado en el cual, como lo hemos pedido en múltiples ocasiones en este espacio, los agentes de la institución sean escuchados y tenidos en cuenta. Quiénes mejores que ellos para señalar cuáles son las necesidades y requerimientos para una excelente prestación del servicio público esencial del cual son garantes.
También deben esas reformas tener participación de expertos, tanto colombianos como extranjeros que conozcan profundamente las mejores prácticas comparadas de organización, formación, doctrina, administración interna y actuación de los uniformados. Las reformas no pueden dejarse en manos de quienes, desde posturas políticas e ideológicas ubicadas en márgenes antisistema, buscan no el fortalecimiento de la Policía sino su desmembración y deslegitimación, al concebirla como “enemiga del pueblo”.
Los ejes definidos por el ministro de Defensa y el director de la Policía apuntan a las nuevas condiciones de la carrera policial; un nuevo Estatuto Disciplinario; la renovación de la estructura organizacional; y los nuevos uniformes. Este último, no por casualidad, ha sido el factor más publicitado, y aunque tiene sus objetivos de fondo, no debe acaparar la atención como si en él radicara el núcleo de la política de mejoramiento que se quiere definir y ejecutar.
También se mencionó en la presentación del Plan Integral uno de los aspectos más esenciales para que una nueva Policía traiga una auténtica relegitimación institucional ante la sociedad: el mejoramiento en los procesos de incorporación, selección, formación y entrenamientos de los hombres y mujeres que optan por hacer parte del cuerpo cuyo cometido es, ni más ni menos, hacer posibles las más importantes funciones del Estado de Derecho: proteger la vida, integridad personal, honra y bienes de todos los habitantes del territorio nacional.
El general Vargas anunció que cada dos años, la institución deberá actualizar –y aprobar– una certificación en materia de derechos humanos, bajo los estándares internacionales, para asegurar que las actuaciones de todos y cada uno de los agentes se adecúen a los reglamentos internos, a las leyes y a la Constitución, además de a los tratados internacionales en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Nadie podría objetar ese propósito, que requerirá el máximo compromiso institucional y fija un baremo muy alto en la cultura de la legalidad y la transparencia