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“Es un primer signo de recuperación, pero necesitamos acelerar el mercado con un mayor dinamismo de la economía y la ejecución de las medidas de reactivación. Con esto tendremos un mejor desempeño en 2020. Si a esto le sumamos los esfuerzos en materia de política de vivienda social podremos suponer que existirá un terreno positivo para mejorar el desempeño de la economía y el sector.
Podríamos enmarcar estos retos en tres grandes temas: la gestión de suelo, la seguridad jurídica y la productividad e innovación. El desarrollo de proyectos de construcción depende no solo de las condiciones de la demanda por vivienda y edificaciones comerciales, sino de factores inherentes al desarrollo urbano, la gestión de suelo urbanizable, la planificación territorial, las actuaciones administrativas, los fallos judiciales y las disposiciones regulatorias.
En ese sentido, el clima de inversión sectorial, la promoción de proyectos y la oferta de vivienda formal dependen prioritariamente de la seguridad jurídica en torno al sector.
Para 2020, los esfuerzos del gobierno nacional no serán suficientes si desde las administraciones locales no se trazan metas claras y planes a largo plazo que soporten los programas que luchan contra el déficit de vivienda. Se debe priorizar la gestión de suelo (con normas, servicios públicos y licencias aprobadas) para satisfacer la creciente demanda”.
