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El delito que se ha “invisibilizado” más en el largo conflicto armado colombiano y el urbano, en el Valle de Aburrá, es la desaparición forzada.
Es un tema vigente, porque incluso está contemplado por el Comité Internacional de la Cruz Roja como uno de los fenómenos causantes de nuestra crisis humanitaria. Entre las cifras que tengo de la Unidad Nacional para las Víctimas y su Registro Único de Víctimas (RUV), a diciembre 1 de 2016, es de 166.714. Y en Antioquia, la cifra es de 44.054. Es decir, el departamento carga casi con el 20 por ciento de esa estadística. Eso ocurre porque en esta región es donde más ha campeado la guerra, desde las guerrillas del M-19 y el EPL hasta los últimos 25 años, con las Farc, el Eln y las Auc. Además de un conflicto urbano asociado a temas de narcotráfico, bandas y milicias subversivas. Es un tema aún bastante inexplorado, y el más horroroso, entre los delitos del conflicto, porque las familias no saben qué pasó y por qué con sus seres queridos.
Es uno de los retos del acuerdo con las Farc y, de darse, con el Eln. Crear una comisión especial para esclarecer el paradero de los desaparecidos. Es un elemento ético esencial en el marco del posconflicto. Cuando opere la justicia transicional se deberá contar la verdad de los desaparecidos.
