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Editorial

Desaparecidos: más víctimas

La ampliación de las investigaciones sobre el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia arroja una cifra aterradora: 60.630 casos entre 1970 y 2015. Hay víctimas de todo estrato y grupo.
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ilustración esteban parís Publicado el 12 de enero de 2017

Los últimos hallazgos sobre la desaparición forzada en Colombia arrojan una cifra escalofriante: son 60.630 casos documentados entre 1970 y 2015. La paulatina desactivación de los grupos armados ilegales y sus violencias, que alcanzaron picos delictuales críticos, en especial de lesa humanidad, está permitiendo una cuantificación más precisa y una mejor comprensión de aquellos fenómenos del conflicto armado, con el ánimo, además, de que no queden en el olvido.

El último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre la desaparición de personas por razones de la confrontación interna entre grupos paramilitares, guerrillas y fuerzas del Estado, duplica el número de víctimas, que antes se aproximaba a entre 26.000 y 30.000.

La desaparición es un delito que, además de perseguir impunidad para sus autores, también sume en la niebla a seres humanos que no pueden darse por muertos ni por vivos. Es en ese limbo en el que quedan encerrados también los familiares de los desaparecidos, con una angustia que eternizan la falta de verdad y de constataciones judiciales y forenses, sobre el paradero de sus seres queridos. Ese crimen tiene la intención de infligir un daño mayúsculo no solo a la entidad del individuo sino a todo su cuerpo social.

Durante los conflictos armados respectivos, fueron desaparecidas 45 mil personas en Guatemala y 75 mil en El Salvador. Se reportan 30 mil durante la dictadura militar en Argentina y más de 3.000 víctimas del régimen pinochetista, en Chile, aún no aparecen. Ahora, la de Colombia resurge como una situación de dimensiones gravísimas, que se desconoció años atrás.

Basado en 102 fuentes de información, el expediente del CNMH observa que en esos 45 años, el 46,1 por ciento de las desapariciones tuvo como responsables a los paramilitares (13.562 casos) y el 19,9, a las guerrillas (5.849 casos). Agentes del Estado participaron en 2.368 casos, el 8 por ciento.

En este departamento, la desaparición forzada tuvo un impacto devastador. Incluye a varias de las subregiones, en su orden, más afectadas del país: Magdalena Medio, Oriente Antioqueño y Valle de Aburrá. Así mismo, Urabá, Bajo Cauca y Suroeste. A estas áreas se asocia el período más crítico de ese delito, el comprendido entre 1996 y 2005, cuando arreciaron la disputa por el territorio entre grupos armados ilegales y las consecuentes operaciones de contención de las fuerzas armadas oficiales.

De las 60.630 víctimas, se ha obtenido información de 8.122 personas, pero solo se encontraron sus cadáveres y restos en 3.480 casos. Las demás continúan en medio de la niebla y el silencio.

Es necesaria esta relación de cifras y estadísticas, para concientizar a nuestra sociedad sobre la dimensión que alcanzó este delito que, debido al anonimato de su ocurrencia, nunca tuvo el despliegue mediático y el impacto de opinión de otros crímenes igualmente dolorosos, condenables y terribles: el secuestro (que en muchos casos terminó convertido en desaparición), las masacres, las tomas de poblaciones, el reclutamiento de menores, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado.

Colombia convive con la necesidad de satisfacer la verdad y reparación frente a víctimas cuyos familiares, en el silencio o en la protesta, reclaman el regreso de los suyos. Para que no queden “en algún sitio, alguna nube, alguna tumba” a la que la justicia no pueda llegar.

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