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El problema de la incidentalidad vial en la ciudad y el país es estructural. Hay fallas en la política pública de movilidad y los procesos relacionados con la misma, como el otorgamiento de licencias, control en vías, regulación del tráfico vehicular, descoordinación entre las distintas entidades del Estado y otras múltiples variables.
Si a esto le agregamos la facilidad para comprar una motocicleta y la mala preparación para que las personas asuman una conducción responsable, está servido un coctel de la inseguridad vial. La mayor cuota de muertes en las vías las están poniendo los motociclistas, tanto en Colombia como en Medellín. En la ciudad, en lo que va del año, estos, como sucedió en 2019, superan en número de muertes a los peatones, que históricamente eran la mayoría de las víctimas. Esto se explica por el número creciente de motociclistas y las fallas en la estructura de la organización vial.
Por cada muerto debe sumarse entre cuatro y cinco personas con algún grado de discapacidad.
Así como el problema es multifactorial o multisectorial, la salida también debe ser en esa misma dirección. Esto no depende exclusivamente de la Secretaría de Movilidad, el mismo involucra numerosos actores, públicos y privados, y todos deben aportar.
